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El gobierno húngaro ha expedido una nueva ley que castiga vivir en las calles y criminaliza a los sin techo, esta norma establece que todas aquellas personas que son registradas tres veces en 90 días por dormir o vivir en las calles tendrán que ser procesadas por haber cometido un delito menor, que puede ser castigado con hasta 60 días de servicio comunitario o de detención, y sus bienes serán intervenidos y destruidos.
Según el Gobierno del nacionalista Viktor Orbán, esta ley "sirve los intereses de toda la sociedad, para que no haya gente sin techo durmiendo en las calles y los ciudadanos puedan usar los espacios", como ha asegurado el secretario de Estado del Ministerio de Recursos Humanos, Attila Fülöp.
Por su parte la ONG Comité Helsinki Húngaro afirmó que "el Gobierno solo quiere tapar grietas" y "ocultar a las personas sin techo, amenazándolos con la detención".
Según esa organización, se trata "de medidas discriminatorias y humillantes contra las personas sin hogar" por parte de un Gobierno que, "cuando no encuentra la solución a un problema social, recurre a la prohibición o el castigo".
"Desde ahora, la falta de vivienda es un delito penal en todo el país y las personas sin hogar se ven obligadas a ser delincuentes", afirma la ONG sobre la ley que entró en vigor.
"En lugar de barrer el problema de las personas sin hogar debajo de la alfombra, es necesario que haya una verdadera política social, aumentando el número de viviendas sociales", afirma el Comité Helsinki.
Según estimaciones de diferentes ONG, en Hungría actualmente hay 30.000 personas sin hogar y que viven en las calles, mientras que según el Gobierno los centros de acogida tienen una capacidad para albergar a 19.000, algo que las organizaciones no gubernamentales cuestionan pues estiman que este número es de 12.000, de acuerdo con lo que publicó el portal "index".
En el primer día de entrada en vigor de la ley, los policías advirtieron a 27 personas, pero sin iniciar procesos legales contra ninguna, según el portal "444".
El Gobierno de Orbán había introducido en 2012 una ley que preveía multas de hasta 500 euros por vivir en las calles, pero no se aplicó y poco después fue derogada.
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