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Además acusó a la administración de Donald Trump de atentar contra las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
"La renovación de la orden ejecutiva constituye un crimen de agresión penado por el Derecho Internacional y tiene por objeto incrementar las presiones políticas y económicas" para "influir en el sano desarrollo del proceso de elecciones", señaló un comunicado de la Cancillería.
El texto agrega que la decisión de Trump busca "promover y justificar el derrocamiento" del presidente Nicolás Maduro.
El gobernante socialista aspira a reelegirse hasta 2025 en unos comicios cuestionados por Washington, la Unión Europea y una docena de países de América Latina, pues consideran que no ofrecen garantías.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) boicoteó las votaciones, aunque uno de sus integrantes, el disidente del oficialismo Henri Falcón, se postuló a la presidencia. La alianza lo acusa de hacerle "el juego" a Maduro en un "show fraudulento".
El viernes, la Casa Blanca anunció una nueva prórroga de la declaratoria de "emergencia nacional" con respecto a Venezuela, que permite aplicar sanciones más allá de lo aprobado por el Congreso. Ya Washington impuso medidas financieras contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.
El decreto, que define a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad" de Estados Unidos, fue promulgado en marzo de 2015 por el expresidente Barack Obama y prorrogado en 2016 y 2017 pese a las peticiones de Maduro de que fuese anulado.
"Venezuela nunca ha invadido ni bombardeado a otros pueblos (...). Washington asume la agresión como razón de Estado y ha transformado al mundo en un lugar cada día más inseguro, por lo que representa una verdadera amenaza para la paz y seguridad internacionales", respondió este sábado Caracas.
Con información de AFP
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