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Venezuela no está lista aún para elecciones pero ha hecho "muchos progresos", declaró este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump.
La presidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de forma provisional en enero, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.
La oposición exige que se aceleren las negociaciones para la convocatoria de comicios.
"En lo que respecta a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas, pero, vaya, ha habido muchos progresos", declaró a periodistas el mandatario en el Despacho Oval.
Según Trump, "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico".
"La cantidad de petróleo que está saliendo de Venezuela ahora mismo, incluso antes de que todas las grandes compañías se dispongan a ir allí", comentó el mandatario.
"Es un territorio muy fértil", añadió.
El presidente estadounidense dio rápidamente su beneplácito al levantamiento de sanciones contra Venezuela una vez que el nuevo gobierno decidió acatar sus condiciones.
Washington se muestra satisfecho con la colaboración venezolana, en especial en el sector petrolero, en medio de la crisis en el Golfo y la guerra con Irán, que ha llevado al precio del crudo a precios muy elevados.
Trump pone a Venezuela como "ejemplo" de lo que se puede lograr en Cuba, la isla comunista a 145 km de las costas de Florida a la que amenaza regularmente con algún tipo de acción militar, al mismo tiempo que le impone drásticas sanciones.
"Saben, soy muy popular en Venezuela porque estamos devolviendo una economía tremenda al país", añadió.
La oposición política venezolana denuncia que aún hay centenares de presos entre rejas, y que figuras del gobierno siguen de hecho en las listas de los más buscados por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
Trump ha lanzado en ocasiones la idea, a través de su plataforma Truth Social, de que Venezuela se convierta en el 51º estado de su país.
Venezuela inicia su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional
Venezuela anunció el viernes que inició su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno del derrocado mandatario Nicolás Maduro.
La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo el viernes en su cuenta de X que por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127".
Este artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación.
Esta decisión se debe a que "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos", indicó el recién designado ministro de Relaciones Exteriores.
Según Plasencia, se trata de un "patrón" que "revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos".
La CPI señaló en un comunicado que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera "apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".
El Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un "progreso real" en el trabajo con el gobierno.
Caracas acusó entonces a la fiscalía de la CPI, que dirigía Karim Khan, de "desentenderse" de sus responsabilidades.
Khan fue destituido este viernes por la asamblea del organismo, acusado de agresión sexual.
La Corte ya había archivado denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos, al desestimar que constituyeran crímenes de lesa humanidad.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.
