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La crisis de agua potable que afecta a Quito desde el 9 de julio de 2025 ha desatado una nueva pugna política entre el Municipio capitalino, liderado por el alcalde Pabel Muñoz, y el Gobierno Nacional, en medio de una emergencia que ya ha dejado a más de 400.000 personas sin servicio en el sur de la ciudad.
Todo comenzó con un deslave que destruyó 350 metros de tubería entre la laguna La Mica y la planta potabilizadora de El Troje, afectando directamente a las parroquias de Guamaní, La Ecuatoriana, Chillogallo, Quitumbe, La Argelia y Turubamba. Desde entonces, además de la escasez de agua, lo que ha marcado la semana es el creciente cruce de acusaciones entre ambas administraciones.
El Ministerio de Ambiente fue el primero en elevar el tono. En un comunicado emitido el 11 de julio, criticó el manejo de la crisis por parte del Municipio quiteño, asegurando que “la prestación deficiente del servicio por parte del Municipio ha generado una afectación directa al acceso regular y seguro al agua potable, vulnerando derechos fundamentales y comprometiendo la salud pública”.
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La respuesta del alcalde Muñoz no tardó. Al día siguiente, en declaraciones a medios locales, retrucó: “Bueno fuera que me llamaran a decir cuántos tanqueros necesitamos. Pero allá ellos con las críticas. Yo estoy trabajando por los quiteños, no tengo tiempo de escucharles”.
El Gobierno Nacional no dejó pasar el comentario. El 13 de julio, distribuyó unos 70.000 litros de agua en las parroquias afectadas y, un día después, lanzó una nueva ofensiva. En la habitual rueda de prensa de los lunes, la portavoz Carolina Jaramillo anunció que se instalarían tres plantas potabilizadoras móviles ante lo que calificó como una “acción tardía del Municipio de Quito”.
Horas más tarde, dos ministros —Inés Manzano, de Energía, y Roberto Luque, de Transporte— intensificaron la presión al publicar un mensaje conjunto en la red social X (antes Twitter): “Pedimos al Municipio que empiece a colaborar porque el problema se tiene que solucionar lo más pronto posible”.
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El martes 15 de julio, se comenzó a instalar dos de las tres plantas potabilizadoras prometidas, específicamente en el barrio Nueva Aurora, en la parroquia de Quitumbe, una de las más golpeadas por la emergencia.
Mientras tanto, en las calles de los barrios afectados, la desesperación crece. Vecinos hacen largas filas para recoger agua de tanqueros, y organizaciones sociales advierten que muchas familias no tienen acceso a agua desde hace más de siete días, lo que ya está afectando la higiene, la salud y la preparación de alimentos.
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