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El gobierno de Estados Unidos defendió ante un tribunal de apelaciones la validez del polémico decreto que veta el ingreso de refugiados e inmigrantes a EEUU, por ser "ejercicio legal" de la autoridad del presidente Donald Trump.
En un documento de 15 páginas, el Departamento de Justicia pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California) que mantenga la validez del decreto, y apuntó que el bloqueo a las medidas previstas en el decreto es "enormemente amplio".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió "programas fuertes" de control migratorio, mientras enfrenta una doble ofensiva judicial y política y el descontento popular contra su orden de prohibir la entrada a inmigrantes de países musulmanes.
De visita en Florida al CENTCOM, el comando militar encargado del Medio Oriente y la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, el presidente republicano prometió vencer el "terrorismo islámico radical" y no permitir "que eche raíces en nuestro país".
"Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos aman y quieren amar a nuestro país (...) se les permita entrar, pero no a quienes quieren destruirnos", señaló Trump.
En un decreto del 27 de enero, el mandatario suspendió por 120 días el ingreso de refugiados (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, países de mayoría musulmana.
La medida rápidamente provocó protestas en varias ciudades de Estados Unidos y el exterior, y sus críticos advierten que la prohibición podría perjudicar la cooperación antiterrorista, al promover la propaganda del Estado Islámico.
Pero el viernes un juez federal de Seattle, en el estado de Washington (noroeste), dejó en suspenso la implementación del decreto, una decisión mantenida el sábado por el tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco (California) y que abre una batalla legal para la joven adminsutración Trump.
El gobierno presentó este lunes por escrito una defensa del decreto. El documento, de 15 páginas, afirma categóricamente que la firma de decretos constituye un "ejercicio legal" de la autoridad presidencial.
Los tres jueces que componen esa corte de Apelaciones convocaron a las dos partes a una teleconferencia el martes en la tarde para presentar argumentos orales.
Con información de AFP
