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El Senado de Estados Unidos se encuentra inmerso en una sesión maratónica que comenzó el lunes en la mañana y se ha extendido hasta la mañana de este martes, en medio de tensas negociaciones para aprobar el ambicioso y controvertido proyecto de ley de política interna del presidente Donald Trump. La iniciativa, que promete recortes fiscales, aumento del gasto militar y una drástica reducción del gasto social, está siendo votada en una larga cadena de enmiendas en lo que se conoce como un “vote-a-rama”, o voto por rama.
La sesión arrancó a las 9:35 a.m. del lunes y, más de 18 horas después, los legisladores continúan presentando y debatiendo enmiendas. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, admitió pasada la 1:00 a.m. que “el progreso es un término muy difícil de alcanzar”, mientras el reloj avanzaba sin señales de una votación final.
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Un paquete que remueve los cimientos del Estado de bienestar
El megaproyecto, una de las grandes apuestas legislativas de Trump en su segundo mandato, propone recortes históricos a Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos, y restricciones a otros beneficios sociales como los cupones de alimentos (SNAP). A cambio, inyectará miles de millones de dólares al Pentágono y a las agencias de seguridad fronteriza, al tiempo que extenderá los recortes de impuestos iniciados en 2017.
“Este proyecto de ley, lamentablemente, dice que quienes administran Medicaid no tienen que verificar antes de emitir un cheque si la persona fallecida está muerta hasta el 1 de enero de 2028”, criticó el senador republicano John Kennedy, quien propuso adelantar ese requisito un año. La enmienda fue aprobada sin oposición.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la versión del Senado dejaría a 11,8 millones de personas más sin seguro médico hacia 2034, superando la cifra de 10,9 millones proyectada en la versión aprobada por la Cámara de Representantes. El recorte proyectado al gasto federal en Medicaid asciende a 930.000 millones de dólares en una década.
El proyecto también contempla, por primera vez en la historia del programa, exigir que adultos sanos de entre 19 y 64 años trabajen para recibir Medicaid, una medida que ha dividido incluso al Partido Republicano.
Batallas internas en ambos partidos
La sesión del Senado ha servido como escaparate de tensiones partidistas y fracturas dentro de las bancadas. La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votó junto a los demócratas en varias enmiendas que buscaban proteger los fondos de hospitales rurales y mejorar el acceso a SNAP y Medicaid, aunque finalmente esas propuestas no prosperaron.
Su colega, la senadora Susan Collins, de Maine, presentó una enmienda para aumentar el financiamiento a proveedores rurales de salud, financiada por un nuevo impuesto a los ultrarricos. Sin embargo, la medida tampoco avanzó. Collins criticó: “Me sorprendió la hipocresía de los demócratas. Si hubieran votado a favor, se habría aprobado fácilmente”.
A pesar de la derrota parcial, Collins no descartó apoyar el paquete en su versión final: “Veremos cómo queda el proyecto de ley final. No voy a anunciarlo prematuramente”.
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Política fiscal bajo lupa: un aumento masivo del déficit
Uno de los puntos más debatidos ha sido el método para calcular el impacto fiscal de la ley. Los republicanos han utilizado la base de política actual —que asume la renovación automática de recortes fiscales que legalmente están por expirar—, una técnica que disminuye artificialmente el impacto sobre el déficit.
Según la CBO, usando su método tradicional, el proyecto del Senado agregaría 3,3 billones de dólares al déficit en diez años. La versión de la Cámara de Representantes costaría menos, pero también implicaría recortes sociales más modestos.
“Amplían las exenciones y reducen las quitas”, explicó Marc Goldwein, del Comité para un Presupuesto Federal Responsable. La estimación independiente de la CBO cifra el costo del plan en 508.000 millones de dólares, si se usa la base de política actual.
AI, desigualdad y clima político
Entre las enmiendas más destacadas aprobadas esta madrugada está la propuesta de la senadora Joni Ernst, que prohíbe entregar beneficios por desempleo a personas con ingresos superiores a un millón de dólares, y la iniciativa de Marsha Blackburn, que elimina una moratoria federal sobre regulaciones estatales de inteligencia artificial. Esta última fue aprobada por 99 votos a 1 y calmó a sectores republicanos renuentes a apoyar el proyecto sin esa eliminación.
En paralelo, mientras se votaban enmiendas, la escena en el pleno del Senado reflejaba el agotamiento de la jornada: senadores abrigados con mantas y bufandas, otros leyendo libros electrónicos o charlando entre pausas. La senadora Murkowski compartió su manta con Collins, mientras el senador John Cornyn leía una biografía de William F. Buckley Jr. en su Kindle.
La presión del 4 de julio
Trump ha ordenado al Congreso que le envíe el proyecto final antes del 4 de julio, lo que añade presión a un calendario ya desbordado. Aun si el Senado logra aprobar su versión esta semana, el texto deberá volver a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson enfrenta resistencia dentro de su propio partido.
