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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un nuevo enfoque de política antidrogas centrado en sanciones económicas para aquellos países que no mostraran avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico.
La propuesta, contenida en el documento Statement of Drug Policy Priorities, fue publicada por la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca y trazó una hoja de ruta agresiva para frenar la producción y el tráfico de heroína, fentanilo y cocaína, principales drogas consumidas en territorio estadounidense.
El texto señaló que, cuando un país fuente no actuara de forma efectiva, la administración estadounidense utilizaría sus herramientas económicas para forzar un cambio. Esta advertencia resonó con fuerza en Colombia, especialmente tras las críticas del Departamento de Estado sobre el aumento de cultivos ilícitos y la limitada erradicación en los últimos años.
Durante 2023, Colombia incrementó las hectáreas de coca en un 10% y registró un alza del 53% en la producción potencial de cocaína. En este contexto, el país se expuso a posibles sanciones monetarias, justo cuando el gobierno de Gustavo Petro buscaba renovar la certificación antinarcóticos prevista para septiembre de 2025.
La política de Trump propuso seis ejes principales: reducir muertes por sobredosis —con énfasis en el fentanilo—, asegurar las cadenas de suministro global contra el narcotráfico, frenar el ingreso de drogas en las fronteras, fortalecer la prevención del consumo juvenil, ampliar el acceso a tratamientos de adicción y promover el uso de inteligencia artificial para detectar cargamentos ilícitos.
Desde la red social X, la Sección de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado envió un mensaje directo al gobierno colombiano: “La Política Nacional de Drogas tiene objetivos admirables, pero es momento de ver resultados. Debido al récord de cultivos de coca, el gobierno necesita lograr avances inmediatos y tangibles en erradicación”.
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El gobierno de Colombia respondió defendiendo su enfoque integral, basado en la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo rural. El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó la necesidad de ofrecer alternativas económicas viables a las comunidades afectadas por el narcotráfico.
Pese a las tensiones, Colombia reiteró su compromiso con una política de drogas centrada en los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la salud pública, mientras la administración Trump insistió en la erradicación forzada como eje fundamental de su estrategia
