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En un veredicto considerado histórico, diez soldados han sido declarados culpables en un tribunal de Lima por crímenes de lesa humanidad, relacionados con violaciones sistemáticas cometidas durante la guerra civil de Perú hace cuatro décadas. El panel de tres jueces determinó el miércoles que el uso sistemático de la violación en el caso Manta y Vilca, que lleva el nombre de las comunidades donde ocurrieron los abusos, calificaba como un crimen contra la humanidad.
“No es legítimo que se utilicen estrategias de violencia sexual como método de intimidación”, afirmó el tribunal. Este caso marca el primer proceso colectivo en Perú sobre el uso masivo de violencia sexual durante el conflicto entre el Estado y los rebeldes maoístas de Sendero Luminoso, que resultó en 69,000 muertes y desapariciones entre 1980 y 2000.
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Seis de las nueve mujeres que iniciaron acciones legales estuvieron presentes en el tribunal para escuchar los veredictos. Una de ellas, conocida como Marilia, falleció en marzo sin ver justicia. Su amiga y compañera sobreviviente, María, expresó su emoción después de los veredictos: “Marilia me dijo que le hubiera gustado [ver] a estos desgraciados tras las rejas por lo que nos hicieron. Nos causaron mucho daño. Y no hemos podido avanzar hasta ahora gracias a estos soldados. Pero me alegro de que los culpables paguen por esto”.
Los soldados condenados recibieron penas de prisión de entre seis y doce años y se les ordenó pagar 100,000 soles a cada una de sus víctimas, todas mujeres quechuahablantes de una comunidad rural andina. Los testimonios presentados en el juicio detallan cómo los soldados desplegados para combatir a los rebeldes maoístas usaron su posición para intimidar, perseguir y violar sistemáticamente a mujeres y niñas desde los 14 años.
María, quien fue violada repetidamente por diferentes soldados durante varios años y tuvo dos embarazos como resultado, compartió su dolorosa experiencia: “Éramos niñas. Y enviaron al ejército a todas las zonas rurales, a varios departamentos, donde cometieron abusos. Abusos, violaciones, torturas, asesinatos. Soy testigo de ello”.
Cynthia Silva, directora de Demus, una organización de derechos humanos que representó a tres de las mujeres, calificó el veredicto como un "primer reconocimiento de los derechos de estas mujeres, pero también de sus historias de vida, que han sido marcadas y dañadas por estas experiencias traumáticas de violación... y este es el primer caso de estas características que llega a sentencia en la historia de Sudamérica". Sin embargo, Silva también criticó la severidad de las penas, señalando: “Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de actos de tal gravedad, de tan alta magnitud, que no podemos dejar de reconocer que las penas correspondientes a estos actos gravísimos también deben ser, en consecuencia, graves”.
El registro de víctimas del conflicto en manos del Ministerio de Justicia de Perú documenta más de 5,300 sobrevivientes de violaciones. La comisión de verdad y reconciliación del país, cuyo informe final detalló los abusos de derechos humanos cometidos por ambas partes, concluyó que los agentes estatales, particularmente las fuerzas armadas, son responsables del 83% de los casos de violencia sexual.
Este veredicto se produce en un momento crítico para los derechos humanos en Perú. A principios de este mes, el congreso votó a favor de un proyecto de ley que haría que los crímenes contra la humanidad cometidos antes de 2002 estuvieran sujetos a un plazo de prescripción. Este proyecto de ley, que espera una segunda votación, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por socavar la rendición de cuentas por violaciones pasadas de derechos humanos.
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