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El Tribunal Supremo de España ha decidido no aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra fuera del país. Puigdemont enfrenta cargos de malversación de fondos públicos y sigue bajo orden de detención en territorio español.
El juez Pablo Llarena, encargado del caso, rechazó perdonar el delito de malversación imputado a Puigdemont y a dos de sus excolaboradores, quienes también están fugados. Procesados por promover la independencia unilateral de Cataluña en 2017 mediante leyes y un referéndum declarados inconstitucionales.
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Además de Puigdemont, el Tribunal Supremo tampoco ha aplicado la amnistía a otros líderes independentistas previamente condenados a inhabilitación para ejercer cargos públicos debido a su participación en el proceso independentista catalán. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente Oriol Junqueras.
La decisión del Supremo se fundamenta en que el delito de malversación de caudales públicos no es susceptible de ser amnistiado en este contexto. El tribunal ha decidido, además, consultar al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de aplicar la ley de amnistía en relación con el delito de desobediencia, por el cual varios líderes independentistas fueron condenados.
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La magistrada Ana Ferrer ha emitido un voto particular discrepante, expresando su desacuerdo con la exclusión del delito de malversación de la amnistía. Ferrer también apoya la idea de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto.
Esta decisión del Tribunal Supremo mantiene la tensión en torno a la situación legal de Puigdemont y otros líderes independentistas, con la complejidad y la controversia de los casos relacionados con el intento de secesión de Cataluña en 2017. La resolución del Supremo refuerza la postura del Estado español frente a los delitos asociados con el movimiento independentista catalán.
