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Un tribunal de Panamá declaró "no culpable" al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de todos los cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos de los que fue acusado por la Fiscalía, que pidió 21 años de cárcel como castigo, y ordenó su libertad inmediata.
Fue una decisión unánime del tribunal, constituido por los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara, y esperada por el expresidente, un multimillonario de 67 años que siempre defendió su inocencia y denunció ser víctima de una "persecución política", orquestada por su antiguo aliado, el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019).
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"Gracias a mis abogados se hizo justicia. Esta era una conspiración de Juan Carlos Varela y Ronaldo López", este último exjefe del Consejo Nacional de Seguridad, declaró un exaltado Martinelli cuando era escoltado fuera de los tribunales, que abandonó a toda prisa y mientras sus simpatizantes coreaban "Ricardo, amigo, el pueblo está contigo".
Los fiscales salieron escoltados por un contingente policial mientras los seguidores de Martinelli les gritan "traidores, mentirosos" y atacaban a patadas los vehículos del Ministerio Público.
"El tribunal de juicio considera declarar no culpable al señor Ricardo Martinelli de los delitos acusados (...) y se levanta la medida cautelar que pesa en su contra y se ordena su inmediata libertad", leyó el juez Raúl Vergara, en la sala del tribunal.
Tras leer un fallo durante más de una hora, los magistrados del tribunal señalaron que la acusación de la Fiscalía se hizo "con hechos imprecisos y mal estructurados".
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"El Ministerio Público no logró acreditar su teoría del caso y afloran dudas razonables”, dijo el tribunal, e indicó que "se vulneraron los principios fundamentales del debido proceso".
El tribunal reconoció que existen "indicios" de que hubo "actividades al margen de la ley" en el Consejo Nacional de Seguridad, "sin embrago, emergen dudas que no fueron solventadas por las pruebas".
Martinelli, un político fundador del partido Cambio Democrático (CD), uno de los más importantes del país, ha sido el primer expresidente de la joven democracia de Panamá que se ha sentado en el banquillo de los acusados.
Se le acusó de cuatro delitos que suman 21 años de prisión por la supuesta interceptación de las telecomunicaciones a decenas de opositores, empresarios, periodistas y activistas sociales.
Se trata de los delitos de interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).
