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En una votación dividida, el Senado estadounidense bloqueó este jueves una resolución bipartidista que buscaba restringir la autoridad del presidente Donald Trump para ordenar ataques militares contra Venezuela, en el marco de la campaña contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental.
La iniciativa, promovida por el senador demócrata Tim Kaine, obtuvo 49 votos a favor y 51 en contra, con solo dos republicanos —Rand Paul y Lisa Murkowski— uniéndose al bloque demócrata. El texto exigía al presidente “poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela”, salvo que existiera una declaración formal de guerra o una autorización específica del Congreso.
“El Congreso no debería ceder su poder a ningún presidente”, advirtió Kaine en rueda de prensa tras la votación. “Si mis colegas creen que una guerra contra los narcotraficantes o contra Venezuela es una buena idea, que se presente una autorización formal y se vote. Pero entregar ese poder al Ejecutivo va en contra de todo aquello sobre lo que se fundó esta nación”.
El rechazo de la resolución ocurre mientras el ejército estadounidense refuerza su presencia en aguas sudamericanas, y desde el 2 de septiembre ha lanzado 16 ataques con drones contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, dejando al menos 67 muertos, según fuentes del Pentágono. El presidente Trump, que el mes pasado autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano, afirmó que “gran parte de la droga venezolana entra por mar”, aunque no descartó acciones por tierra.
Durante los días previos a la votación, la Casa Blanca distribuyó entre los legisladores un memorando de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, en el que se argumenta que los ataques no violan la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973. Según un alto funcionario citado por el medio CBS News, esta norma “se ha entendido que se aplica a situaciones en las que los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses se encuentran en peligro”, lo que —a su juicio— no corresponde a la actual campaña, ya que los drones son lanzados desde buques a “distancias demasiado grandes como para poner en peligro al personal estadounidense”.
El funcionario agregó que la administración “no considera los ataques contra los presuntos narcotraficantes como hostilidades”, argumento que ha generado una ola de críticas entre los opositores a la ofensiva.
Para el senador demócrata Adam Schiff, copatrocinador de la resolución, la justificación legal de la Casa Blanca “es tan amplia que autoriza prácticamente cualquier cosa”. En su opinión, aceptar ese criterio “eliminaría cualquier límite al uso de la fuerza en cualquier parte del mundo”.
El debate también ha dividido a la comunidad de inteligencia. El senador Mark Warner, jefe demócrata del Comité de Inteligencia, advirtió que la opinión legal ni siquiera menciona a Venezuela. Si bien reconoció la calidad del trabajo de inteligencia, sostuvo que “Estados Unidos debería interceptar los barcos y llevar a los presuntos traficantes ante la justicia, no matarlos en el mar”.
En contraste, el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, defendió la precisión de las operaciones al afirmar que “conocemos el contenido de los barcos y al personal casi al detalle”.
El senador Rand Paul, por su parte, fue uno de los más contundentes críticos dentro del propio Partido Republicano. En un discurso reciente, denunció la falta de transparencia y de garantías procesales en la selección de objetivos: “¿Acaso es mucho pedir saber los nombres de aquellos a quienes matamos antes de matarlos? ¿Saber qué pruebas existen de su culpabilidad?”, cuestionó desde el pleno del Senado.
Aunque la resolución fue rechazada, Kaine y Schiff anunciaron que insistirán en someter a votación una nueva medida que fuerce al Ejecutivo a justificar legalmente sus operaciones. El plazo de 60 días que la Resolución de Poderes de Guerra otorga al presidente para obtener autorización del Congreso venció el lunes, pero la administración Trump mantiene las operaciones activas, alegando que no existe peligro directo para el personal militar estadounidense.
