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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada solo por oficialistas, designó una comisión para definir la fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas, previstas para el 2020, aunque no descarta convocarlas para este año.
La comisión estará conformada por los constituyentes María Alejandra Díaz, Francisco Ameliach y Diosdado Cabello, quien hizo el anuncio y preside la ANC, un cuerpo legislativo no reconocido por numerosos países.
Los constituyentes integrantes de la comisión harán una consulta "a todos los organismos sobre cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones", explicó Cabello.
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"Si de esa consulta resulta que es el primero de enero (...) el 1 de enero se hará. Si dice que es este año, se harán cuando diga esa consulta", continuó al tiempo que aseguró que "en los próximos días" revelarán la fecha en la que se realizarán las elecciones del Parlamento, que actualmente es de contundente mayoría opositora.
El adelanto de las elecciones legislativas es una advertencia que viene haciendo Cabello desde hace meses, debido a que, ha señalado, el Parlamento se encuentra en situación de desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que por ello sus decisiones son "nulas".
El dirigente chavista ha culpado también a la directiva del Parlamento de promover la "violencia" en las protestas antigubernamentales y las sanciones extranjeras contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro, que la semana pasada anunció una "contraofensiva" tras las últimas medidas adoptadas por Estados Unidos.
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"Nosotros vamos ahora al contraataque", recordó en la sesión de este martes Cabello en la que los más de 500 integrantes del foro expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno de Donald Trump de bloquear los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.
La ANC adelantó en 2018 las elecciones presidenciales a mayo, pese a que comúnmente se celebraban a finales de año y en el proceso resultó reelegido Maduro.
La decisión del adelanto ocurrió luego de que la oposición se levantara de un proceso de diálogo con el Gobierno en el que exigían una serie de condiciones celebrar de forma anticipada comicios presidenciales.
No obstante, la oposición dejó el proceso al señalar que el Gobierno no estaba dispuesto a ceder en la designación de un nuevo Consejo Electoral, la derogación de la Asamblea Constituyente y el levantamiento de las inhabilitaciones políticas de los principales líderes opositores.
