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Según un informe publicado este miércoles por la ONG Human Rights Watch (HRW), las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, de la policía venezolana "han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro".
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco subrayó que, "en medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos ". En concreto, citó el caso del barrio de Petare, en el este de Caracas.
La alarmante cifra que presenta la organización es que, desde 2016, casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”.
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De hecho, solo durante 2018 la cifra ascendió a 7.000, y en los primeros cinco meses de 2019 se han registrado 1.560, de acuerdo a datos del propio Gobierno venezolano.
José Miguel Vivanco, señaló a través de su cuenta de twitter que "dado el deplorable récord de presuntas masivas ejecuciones extrajudiciales de Maduro contra sectores populares de oposición, urge creación de Comisión Especial de Investigación para identificar a los responsables de estas atrocidades".
El informe resalta además algunas medidas tomadas por las FAES para llevar a cabo sus macabras ejecuciones. Esta se harían mediante descargas eléctricas, golpes, disparos, asfixias, usos de sustancias químicas, entre otras.
Pero, en rueda de prensa desde Washignton, el director Vivanco dijo que "en un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia".
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El ministro de Interior, Néstor Reverol -según cita el informe de HRW- informó en diciembre de 2017 de que hubo 4.998 de esos casos de ejecuciones extrajudiciales ese mismo año, frente a los 5.995 de 2016.
