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El distanciamiento y la tensión crecientes entre el Gobierno español y las autoridades regionales de Cataluña se hizo más patente este lunes cuando el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, viajó a Barcelona, pero no se reunió con el presidente catalán, el independentista Quim Torra.
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Cuando faltan tres semanas para una repetición de elecciones parlamentarias en España, ambos mantienen posiciones firmes y opuestas, después de una semana de incidentes, con episodios de graves disturbios callejeros tras las manifestaciones independentistas masivas en las ciudades principales de esa región autónoma española.
El socialista Sánchez, que gobierna en funciones, volvió a exigir hoy a Torra que condene la violencia sin ambigüedades, y se desplazó a la capital catalana para apoyar en persona a las fuerzas del orden y visitar a los agentes heridos en las manifestaciones.
"Condenar la violencia de forma rotunda; amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten; y evitar la discordia civil" son obligaciones de todo responsable público, dice Sánchez a Torra en una carta que le envió hoy mismo.
Opina Sánchez que el dirigente secesionista ha evitado condenar de modo "tajante e inequívoco" las conductas violentas y "ha vuelto la espalda" a las fuerzas y cuerpos de seguridad regionales estatales españoles y ha "ignorado a más de la mitad de la población", en referencia a los catalanes no independentistas.
Es la respuesta a otra carta y varias llamadas anteriores de Torra a Sánchez para emplazarlo a un diálogo "sin condiciones" sobre el futuro político de Cataluña y la autodeterminación.
Pero Sánchez no se reunió finalmente con Torra, como éste le pidió hoy, aprovechando su estancia en Barcelona.
En otra misiva difundida hoy, Torra interpreta que la negativas de Sánchez, incluso a responder a sus llamadas, "no es un buen signo de voluntad de diálogo".
Según el presidente catalán, es deber de cualquier gobernante democrático "respetar y hacer respetar los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos", que a su juicio se han visto "vulnerados" de manera "sistemática por razones ideológicas" en Cataluña.
El presidente catalán alude así, sin citarlo, al proceso independentista de 2017, anulado por ilegal por el Tribunal Constitucional español, y por el que nueve líderes soberanistas fueron condenados el lunes pasado a penas de entre 9 y 13 años de prisión. Esto originó duras críticas políticas y las manifestaciones multitudinarias en Cataluña.
El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, consideró que es "inaceptable moral, política e institucionalmente" la actitud de Sánchez cuando Torra es un "pacifista" que "ha condenado todo tipo de violencia" en muchas ocasiones.
En Barcelona, Sánchez elogió el "ejemplo de profesionalidad" de las fuerzas del orden en una vista a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Cataluña, en la Vía Laietana de esa ciudad, el lugar donde los disturbios han sido más violentos y vandálicos hasta ahora.
Y en Madrid, representantes de cuatro sindicatos policiales hicieron público un manifiesto en el que piden a Gobierno y Fiscalía refuerzos y más contundencia contra los incidentes más violentos, y que los detenidos sean juzgados por "terrorismo callejero".
La Policía Nacional ha intervenido varias veces para contener a los grupos extremistas de los altercados en coordinación con las fuerzas catalanas de seguridad, pues las competencias de orden público corresponde en Cataluña al Ejecutivo regional.
Cientos de manifestantes protestaron hoy contra la presencia de Sánchez, que recibió abucheos y gritos a favor de los soberanistas encarcelados.
Tras visitar Sánchez a los agentes heridos, la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, le recriminó que solo había ido a Barcelona a "ver a los suyos".
Los incidentes violentos de Cataluña, que se redujeron durante el fin de semana pasado, han dejado unos 600 heridos, entre ellos un policía muy grave y cuatro manifestantes que han perdido un ojo, así como 28 encarcelados provisionalmente.
Según fuentes policiales, 199 personas fueron detenidas y 289 policías resultaron heridos entre mossos d'esquadra (policías catalanes) y nacionales.
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Los disturbios de los últimos días en Barcelona, la ciudad donde fueron más violentos, han retraído la actividad comercial entre un 30 % y un 40 %, según Barcelona Oberta, la asociación que aglutina los ejes comerciales y turísticos de la capital catalana.
El vandalismo causó al Ayuntamiento de Barcelona daños por valor de 2,7 millones de euros (3 millones de dólares), según fuentes municipales.
