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El Gobierno de Estados Unidos presentó una nueva acusación contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por su presunta responsabilidad en una conspiración para torturar a ciudadanos estadounidenses y venezolanos.
El documento, que fue radicado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, atribuye a la pareja el liderazgo de un sistema de represión contra opositores políticos, por medio de detenciones arbitrarias y torturas.
Los nuevos cargos se suman a los que Washington presentó en enero, después de la captura de Maduro y Flores durante un operativo militar en Caracas. En esa ocasión, ambos enfrentaron acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos de armas. Maduro y Flores se declararon inocentes de esos señalamientos.
Barry J. Pollack, abogado de Maduro, declaró a CNN que su cliente rechaza los nuevos cargos y espera comparecer ante la justicia. Por su parte, Mark E. Donnelly, representante legal de Flores, no había respondido a la solicitud de comentarios.
¿Qué señala Estados Unidos sobre Maduro y Flores?
La acusación afirma que Maduro y Flores aprovecharon sus posiciones políticas para enriquecerse mediante presuntos actos de corrupción y alianzas con narcotraficantes y organizaciones que Estados Unidos considera terroristas.
Entre los grupos están las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Tren de Aragua y varios carteles mexicanos.
Según los fiscales, la pareja también se apoyó de funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad por medio de ganancias ilícitas. El documento dice que, frente al rechazo de la oposición y de distintos sectores sociales, Maduro, Flores y su círculo cercano respondieron con acciones de represión para permanecer en el poder.
El escrito judicial afirma que, aproximadamente entre 1999 y 2025, miles de venezolanos sufrieron hostigamientos, amenazas, arrestos, procesos judiciales, ataques, torturas o asesinatos por parte de personas que ejercían autoridad estatal. Según la acusación, esto buscaba garantizar que Maduro siguiera en el poder.
El documento también afirma que ambos utilizaron unidades militares, colectivos y grupos narcoterroristas que están inmersos en el tráfico de drogas para detener y torturar a sus presuntas víctimas. Los fiscales indican que la violencia y la represión aumentaron durante algún tiempo donde hubo inestabilidad política.
Maduro rechazó anteriormente los señalamientos de Estados Unidos sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico. En diferentes ocasiones, afirmó que esas acusaciones carecían de fundamento y buscaban justificar acciones militares contra Venezuela.
¿Cuáles son los casos de ciudadanos estadounidenses mencionados?
El Departamento de Justicia describe varios casos de ciudadanos estadounidenses que presuntamente sufrieron detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela.
- Seis ejecutivos de una empresa petrolera: las autoridades venezolanas los detuvieron en noviembre de 2017 y los acusaron de corrupción. Cinco de ellos eran ciudadanos estadounidenses. Según el documento, el arresto ocurrió cuando el Gobierno de Venezuela acusaba al de Estados Unidos de intentar desestabilizar el país. Maduro sostuvo que los implicados realizaron negocios irregulares para favorecer a personas cercanas a Washington. Los seis quedaron libres en 2022 durante un intercambio de prisioneros.
- Un ciudadano detenido en enero de 2022: según la acusación, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y otros agentes lo arrestaron cuando ingresó a Venezuela. Después lo trasladaron a una vivienda, donde presuntamente lo torturaron durante dos o tres días. El hombre fue acusado, entre otros delitos, de participar en una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro.
Posteriormente, las autoridades lo trasladaron a la prisión de Boleíta Norte, en Caracas. Allí, de acuerdo con el documento, sufrió descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, golpes, asfixia y privación de agua y alimentos. Después de ocho meses y medio de reclusión, recuperó la libertad y regresó a Estados Unidos en octubre de 2022. - Un ciudadano detenido en agosto de 2023: el hombre viajó a Venezuela para visitar a su familia, pero la DGCIM lo arrestó. Según la acusación, recibió golpes, fue hospitalizado y después trasladado a la prisión de Boleíta Norte, donde continuaron las presuntas torturas. En una ocasión, uno de sus captores le dijo que la única razón por la que seguía vivo era que su nacionalidad estadounidense podía resultar útil en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. El documento no precisa su situación actual.
- Un ciudadano detenido a finales de enero de 2025: días después de que Maduro comenzara su último mandato presidencial, funcionarios de la DGCIM lo detuvieron mientras buscaban a otra persona. Según el documento, lo trasladaron a las instalaciones del organismo y lo golpearon repetidamente durante dos días. En enero de 2026, lo llevaron al aeropuerto para liberarlo junto con otro estadounidense detenido en circunstancias diferentes. A ambos les advirtieron que no podían decir que el Gobierno venezolano los había lastimado o sometido a abusos.
CNN solicitó comentarios al Ministerio de Defensa de Venezuela y a la DGCIM sobre estos señalamientos y esperaba una respuesta.
¿Qué casos de ciudadanos venezolanos aparecen en la acusación?
El documento también describe casos de venezolanos que presuntamente sufrieron torturas. Según los fiscales, estas situaciones eran más frecuentes en los tiempos de protestas sociales o contiendas electorales.
Uno de los casos es el de un militar detenido en 2013 por su cercanía con un exfuncionario que se había convertido en opositor del fallecido presidente Hugo Chávez. Según la acusación, Maduro ordenó secuestrarlo para obtener información sobre ese exfuncionario.
Después de dos semanas de tortura, el militar fue obligado a grabar una confesión falsa. Posteriormente, lo liberaron cerca de la frontera con Colombia.
Otro caso ocurrió en enero de 2018, cuando las autoridades detuvieron a un hombre que tenía una relación cercana con un funcionario de seguridad que también se había convertido en opositor del Gobierno. Según la acusación, las autoridades buscaban al funcionario porque supuestamente había robado armas de una estación militar.
El documento dice que el hombre recuperó la libertad alrededor del 12 de enero de 2018 sin entregar información sobre la ubicación del funcionario de seguridad, porque no sabía dónde estaba. Días después, ese funcionario murió durante un operativo.
El hombre intentó salir de Venezuela, pero la DGCIM volvió a detenerlo. Luego lo trasladaron a una prisión militar, donde permaneció en confinamiento solitario durante más de un mes. En marzo de ese año salió bajo fianza y, cuando pensó que podrían arrestarlo nuevamente, huyó del país.
Desde que asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro y otros altos funcionarios negaron repetidamente que en el país se cometieran violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura.
Sin embargo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones no gubernamentales documentaron denuncias sobre estos hechos.
¿Cuáles son los nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?
Estados Unidos acusa a Maduro y Flores de ser responsables de una conspiración para torturar a ciudadanos estadounidenses y venezolanos. Estos cargos se suman a las acusaciones presentadas en enero por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.
¿Qué casos de ciudadanos estadounidenses aparecen en el documento?
La acusación menciona seis ejecutivos de una empresa petrolera detenidos en 2017 y otros ciudadanos arrestados en 2022, 2023 y 2025. Entre los presuntos abusos descritos figuran golpes, descargas eléctricas, asfixia y privación de agua y alimentos.
¿Qué organismos documentaron denuncias de tortura en Venezuela?
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y diversas organizaciones no gubernamentales documentaron denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluidos presuntos actos de tortura.
