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Una prefecta (gobernadora) de Ecuador fue arrestada el lunes tras ser acusada por el presidente Lenín Moreno de formar parte de un plan para desestabilizar su gobierno y que involucra al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
La Fiscalía indicó que la prefecta Paola Pabón, del movimiento Revolución Ciudadana del exgobernante Rafael Correa (2007-2017), fue detenida junto a otras dos personas, sin precisar la causa. El ente acusador señaló por Twitter que "en los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación". Añadió que la casa del exasambleísta Virgilio Hernández, otro coideario de Correa, también fue allanada.
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Moreno y su antecesor y exaliado Correa mantienen una pugna que llevó a la crisis al oficialismo, en el gobierno desde 2007. El expresidente se desafilió en 2018 del movimiento oficialista Alianza País, por el cual fue elegida Pabón, e impulsó la creación de un ala denominada Revolución Ciudadana, que aun no ha sido reconocida por el Consejo Nacional Electoral.
En medio de una crisis social originada por protestas lideradas por los indígenas contra la eliminación de subsidios a combustibles, Moreno acusó hace una semana a Correa y Maduro de querer desestabilizar su gobierno.
"El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización", dijo el jefe de Estado, añadiendo que Correa y varios de sus allegados, entre ellos Pabón y Hernández, viajaron "al mismo tiempo, hace pocas semanas, a Venezuela", poniendo en duda que eso haya sido una "coincidencia".
Correa y Maduro se han burlado de estos señalamientos. Entretanto, la asambleísta Gabriela Rivadeneira, otra partidaria de Correa, se refugió el sábado en la embajada de México en Quito, según indicara el gobierno de esa nación.
Tras empezar las protestas por la eliminación de subsidios, que originó alzas de hasta 123% de los combustibles, Rivadeneira planteó al Parlamento que convoque una sesión extraordinaria para resolver la "destitución del presidente Moreno" y el "adelanto de elecciones", lo que es compartido por Correa.
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Un acuerdo negociado el domingo por Moreno y la dirigencia indígena puso fin a la crisis social, que dejó siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos de acuerdo con el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. El gobierno derogó un decreto presidencial que eliminó los subsidios a combustibles.
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