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El alto comisionado de la ONU en Colombia, Todd Howland, pidió un pacto social en el departamento de Norte de Santander para que los cuatro grupos delincuenciales que hacen presencia en la región no vulneren los derechos humanos.
Howland se mostró preocupado por las amenazas y la reorganización de grupos subversivos en el Catatumbo que no están de acuerdo con los diálogos de paz. El funcionario señaló que debe haber un tratado especial para el control de los cultivos ilícitos que son la fuente del narcotráfico.
Líderes sociales y representantes de organizaciones de derechos humanos de la zona recalcaron también que al municipio de Tibú regresó la peor época de la violencia paramilitar, de la que se había tenido registro hace más de 15 años y les hace temer que se esté gestando un nuevo ciclo de masacres en su contra.
La presentación del informe anual del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue el escenario para las denuncias. Aunque la policía y los gobiernos no encasillan a los causantes de los crímenes, sí han señalado que la violencia y la ilegalidad retomaron a la región.
El general Jaime Vega, comandante de Policía de la Región Número Cinco, manifestó que tanto en Tibú como en Catatumbo, “volvimos a los explosivos artesanales, al plan pistola que es una modalidad de sicariato, y al francotiro”.
Asimismo, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, dijo haber documentado 22 amenazas directas a defensores de derechos humanos, de ellos, 18 hombres y cuatro mujeres. Pablo Téllez, vocero del Comité de Integración Social del Catatumbo señaló que hay registrados más de 10 hechos violentos protagonizados por militares, guerrillas y otros grupos en zonas que históricamente han sido objeto de atropellos, como Teorama y El Tarra.
El Alto Comisionado también dejó claro que son importantes los avances del gobierno en los diálogos pero se debe trabajar paralelamente con las víctimas para que no sean revictimizadas.
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