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El Gobierno transitorio de Bolivia expresó este lunes que es respetuoso "de las inmunidades diplomáticas", ante la preocupación de la Embajada de México en La Paz por la presencia "excesiva" de seguridad y personal de inteligencia, donde se encuentran varias exautoridades del Gobierno de Evo Morales refugiados.
La canciller transitoria de Bolivia, Karen Longaric, manifestó en conferencia de prensa en La Paz que esa cartera de Gobierno es "respetuosa de las inmunidades diplomáticas y los privilegios" de las embajadas.
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Longaric señaló que la posibilidad de que la "fuerza pública" ingrese a la Embajada de México "categóricamente es imposible", puesto que las relaciones diplomáticas se amparan en la convención de Viena.
Más temprano, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llamó en un comunicado a "respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto a la convención de Viena".
El Ejecutivo mexicano manifestó su preocupación por la "presencia excesiva" de personal de inteligencia y seguridad que hace vigilancia a la residencia y la Embajada de México en Bolivia.
El boletín indica que Bolivia tiene la obligación de proteger la embajada contra toda "intrusión" o perturbación de la tranquilidad.
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A la embajada de México en La Paz acudieron varias exautoridades del Gobierno de Evo Morales. Las mismas pidieron asilo en México y están a la espera de los salvoconductos para dirigirse a ese país, donde inicialmente se encontraba Morales, quien luego estuvo en La Habana antes de llegar a Argentina, donde solicitó refugio.
El Ejecutivo interino de Jeanine Áñez mantiene un relación tensa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde que este acogió a Morales tras salir de Bolivia el pasado noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.
El Gobierno transitorio de Áñez denunció y ordenó capturar a varios ministros de Evo Morales por distintos delitos y varios de ellos permanecen en la embajada mexicana en La Paz, con la intención de poder salir de Bolivia, mientras el Ejecutivo interino sostiene que no corresponde darles un salvoconducto para viajar si están procesados.
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