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El sangriento fin de semana de marzo de 2022, considerado el más violento en El Salvador desde la guerra civil de los años 80, se convirtió en el eje de un proceso judicial sin precedentes. Esta semana comenzó un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13, en el marco de un modelo penal impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha sido fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos.
Los acusados —uniformados de blanco, con la cabeza rapada y mascarillas— siguen las audiencias por videoconferencia. De ellos, 413 están recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad símbolo de la política de mano dura del Ejecutivo, mientras que otros 73 serán juzgados en ausencia al encontrarse prófugos.
El proceso se desarrolla bajo la figura de “macroaudiencia”, un esquema habilitado tras reformas al sistema penal aprobadas en 2023. Según la Fiscalía General, el juicio abarca más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo la presunta orden de 86 asesinatos durante los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022.
Un fin de semana que cambió la política de seguridad
El Salvador inició 2022 con un promedio de 2,8 homicidios diarios, pero la violencia se disparó abruptamente a finales de marzo. El viernes 25 se registraron 14 asesinatos, el sábado la cifra escaló a 62 y el domingo se sumaron 11 más. En total, 87 homicidios en tres días que sacudieron al país y llevaron al Gobierno a decretar un régimen de excepción.
A solicitud de Bukele, la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista— aprobó la medida con el 75 % de los votos en una sesión extraordinaria. Este régimen, aún vigente, suspendió garantías constitucionales y permitió una ofensiva masiva contra las pandillas.
Desde entonces, las autoridades reportan la captura de más de 91.300 personas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales. El presidente ha reconocido que unas 8.000 personas inocentes han sido liberadas, mientras que organizaciones humanitarias documentan al menos 488 muertes bajo custodia estatal.
Acusaciones y pruebas en un proceso sin precedentes
Durante la primera audiencia, realizada a puerta cerrada, la Fiscalía imputó a los acusados delitos como homicidio, feminicidio, extorsión, narcotráfico, desaparición forzada y tráfico de armas, además de rebelión por intentar establecer un control territorial paralelo al Estado.
El Ministerio Público ha presentado pruebas como autopsias, peritajes balísticos y testimonios, y solicitó la pena máxima para los implicados. Según las autoridades, un acusado podría enfrentar hasta 245 años de prisión si es hallado culpable de múltiples cargos.
En la segunda jornada, ya con acceso a la prensa, la Fiscalía afirmó que 22 de los procesados —identificados como “ranfleros”, es decir, líderes de alto nivel— habrían ordenado más de 9.000 crímenes. “Daban autorización para asesinar a rivales, policías, militares y cualquier persona que se opusiera a sus exigencias”, señaló el ente acusador.
Críticas por garantías judiciales
El modelo de macrojuicios ha generado fuertes cuestionamientos. Reformas recientes al sistema penal permiten juzgar colectivamente a cientos de personas sin individualizar plenamente su responsabilidad y eliminan etapas clave como la audiencia de valoración de pruebas.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch advierten que estos procesos “plantean serias dudas” sobre el respeto al debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa individual y la presunción de inocencia.
En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la prolongación del régimen de excepción y sus impactos en los derechos fundamentales, e instó al Estado salvadoreño a poner fin a su uso continuado como política de seguridad.
Seguridad versus derechos
A pesar de las críticas, el modelo de seguridad de Bukele mantiene un amplio respaldo ciudadano. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, una reducción del 28 % frente al año anterior, alcanzando por primera vez una cifra anual de dos dígitos.
Este descenso en la violencia ha sido clave en la consolidación política del mandatario, quien logró su reelección en medio de cuestionamientos constitucionales. Mientras tanto, el megajuicio contra la MS-13 se perfila como un nuevo capítulo en el pulso entre la eficacia en la lucha contra el crimen y el respeto a las garantías fundamentales.
