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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró este sábado en un mensaje en X que "la oferta" de enviar presos a Colombia "sigue abierta", esto unos días después que su homólogo Gustavo Petro criticara el sistema penitenciario salvadoreño.
El mandatario de derecha continúo con el tema al reaccionar a una nota del noticiero colombiano Noticias Caracol sobre diversos artistas que amenizaron fiestas que se realizaban en una cárcel del municipio de Itagüí, en donde se resguarda a los principales cabecillas de bandas delincuenciales del departamento de Antioquia.
"Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo): se estaba anticipando a esto", publicó Bukele y siguió: "Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás". El salvadoreño reiteró que "por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos (a los presos), definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles".
Bukele respondió el martes a las críticas de Petro sobre el sistema penitenciario y le ofreció trasladar a Colombia al "100 %" de los detenidos, "incluyendo los llamados presos políticos".
"Si, como usted sostiene, en nuestro país existen 'campos de concentración', estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana", publicó Bukele en un mensaje en X.
El presidente salvadoreño señaló que, "en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida'".
El lunes, Petro aseguró que las cárceles de El Salvador, donde hay "personas presas inocentes", son "campos de concentración de población civil" y dijo que allí se está "matando en vida" a miles de jóvenes. El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91.000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8.000 "inocentes".
Mientras que, en este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.
Además, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
