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Un total de 89 países en el mundo han abolido la pena de muerte y otros 10 la mantienen sólo para delitos graves, en tanto que 30 son abolicionistas de hecho, puesto que la mantienen en su legislación pero llevan años sin aplicarla.
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Y es que el tema de la pena de muerte siempre causa polémica, pues hay quienes consideran que es justa para ciertos delitos, pero también se cuestiona que se puedan ejecutar personas injustamente y en el caso de los religiosos argumentan que nadie debería estar en disposición de quitarle la vida a otro.
En los últimos días se dio un caso con en el que los defensores de la pena de muerte argumentan que este es el castigo más justo en muchos casos. Una maestra en China envenenó a sus alumnos por buscar vengarse de su esposo, terminó siendo condenada a muerte.
La docente de un jardín en China resultó mezclando nitrito de sodio en la comida de los menores, tras una discusión con un compañero de trabajo, después la maestra utilizó la sal sódica causando esta tragedia.
En el caso que se presentó en Wang Yun 25 de los niños fueron envenenados, y uno de ellos perdió la vida.
La maestra fue condenada a pena de muerte por el delito de arrojar productos peligros en la comida de los menores. En ese entonces, la mujer apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de la provincia de Henan rechazó el recurso de apelación de la maestra y confirmó la pena de muerte.
La pena de muerte en China
De acuerdo a Amnistía Internacional, en China se llevan a cabo más ejecuciones que en cualquier otra parte del mundo, con cifras que sobrepasan los mil condenados al año.
Actualmente China usa dos métodos de ejecución. El más común es el fusilamiento, que consiste en un único disparo de un fusil de asalto con una bala de punta hueca en la nuca mientras el reo esta arrodillado en el corazón.
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La inyección letal comenzó a ser usada en 1997. Se lleva a cabo tanto en lugares fijos como en furgonetas que han sido modificadas para su uso como unidades de ejecución móviles.
Como la inyección letal está siendo cada vez más común, se ha intensificado el debate sobre usarla para ejecutar a altos funcionarios condenados por corrupción y para criminales comunes, o ejecutar a estos últimos por fusilamiento. La opinión pública piensa que la inyección es la manera más fácil para el condenado de morir.
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