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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, prorrogó este viernes por tres meses el decreto de emergencia económica y dijo que espera renovarlo por lo que resta del año y durante 2017, para enfrentar la crisis que agrava la escasez de alimentos y medicinas.
"Voy a proceder a firmar (...) un nuevo decreto (...) que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente durante el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país", anunció Maduro en una cadena televisiva.
El mandatario dictó el primer decreto el pasado 14 de enero, con una vigencia de 60 días, y que prorrogó por un período igual en marzo.
Aseguró que esta vez el estado de excepción incluye "medidas necesarias para garantizar la protección de la soberanía", al referirse a un encuentro que sostuvieron este viernes dirigentes opositores con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El representante hemisférico escribió en su cuenta de Twitter que está "considerando", según el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, "la posible convocatoria" a un Consejo Permanente de la OEA para discutir la crisis provocada por el choque institucional entre gobierno y oposición en Venezuela.
El presidente del parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup, señaló el miércoles que Maduro "no tiene facultad constitucional para prorrogar el decreto más de lo prorrogado de manera ya inconstitucional".
Para ser aplicada, la medida debía ser convalidada por el Parlamento -controlado por la oposición-, pero la bancada mayoritaria se negó aduciendo que profundizaba un modelo de control estatal de la economía "fracasado".
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia dejó en firme el decreto, en medio de denuncias de que los magistrados están al servicio del gobierno chavista.
La emergencia económica autoriza al Ejecutivo a disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos, lo que según la oposición abre las puertas a nuevas expropiaciones.
