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El 19 de febrero de 2026 la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. El edicto busca que las personas detenidas por razones políticas entre 1999 y el 31 de enero de 2026 sean liberadas, salvo en los casos en los que se hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Esta ley se aprobó un mes y medio después de que el gobierno de Estados Unidos invadiera Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. De acuerdo con el parlamento venezolano, el 24 de febrero liberaron a 179 presos, pero la propia Asamblea Nacional ya tiene un conteo de más de 3.000 personas.
Sin embargo, la legislación no estuvo exenta de polémicas. En Venezuela, la Constitución Política de Venezuela establece que para que una ley sea aprobada, debe pasar dos debates en la Asamblea. Y aunque los propios políticos pertenecientes a la entidad legisladora dijeron que sería aprobada con agilidad; en esta ocasión se debieron realizar debates extras, dado que algunos artículos no satisfacían a miembros de la oposición. La FM consultó a Viviana Díaz Perilla, Directora del área de derecho, ciencias políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el fin de comprender algunos puntos de esta legislación.
La ley promoverá la eliminación de registros y antecedentes
En total, se aprobaron 16 artículos en la ley de amnistía. Y si bien esta concede la libertad a personas que estuvieran capturadas o siendo investigadas por delitos políticos, el régimen, hoy liderado por Delcy Rodríguez, ha definido que en el artículo 14 que: "Los órganos y entes administrativos, policiales o militares, en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, la persona interesada o de su representante legal. En caso de que el beneficiario haya sido requerido para su aprehensión o ubicación en el extranjero, se deberá notificar de inmediato a las instancias competentes para que dejen sin efecto dichas solicitudes".
Lo anterior, para la experta consultada es igual a eliminar pruebas contra la dictadura en escenarios judiciales, lo cual limita la posibilidad "judicializar a las autoridades que estuvieron detrás de dichas detenciones". Díaz Perilla indicó a este medio que el artículo 14 "corrobora que lo que se busca es eliminar las posibilidades probatorias que permitirían demostrar en escenarios judiciales nacionales e incluso, internacionales, el carácter irregular de las detenciones trayendo como consecuencia inmediata para las víctimas, la eliminación de la posibilidad de perseguir objetivos tan legítimos como la búsqueda de verdad y reparación".
La Fiscalía de este país confirmó, por ejemplo, que después de las manifestaciones que conllevaron los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, se capturaron más de 2.400 ciudadanos por "terrorismo y vandalismo". Diferentes Organizaciones No Gubernamentales denunciaron "represión".
"Hay efectos contradictorios": experta sobre ley de amnistía en Venezuela
La ley de amnistía liberará a presos políticos y no seguirá realizando investigaciones en sus casos; sin embargo, el régimen de Venezuela "perdona" de esta manera a quienes consideró, bajo su criterio, como criminales. Esto, indica Díaz Perilla, demuestra que "hay efectos contradictorios", puesto que jurídicamente, a los excarcelados se les daría "un estatus de delincuentes a quienes habrían sido detenidos de manera arbitraria por conductas que, como la manifestación o la protesta, no están tipificadas como delito y que, por el contrario, son reconocidas como derechos protegidos tanto en un Estado de derecho como en el ámbito internacional".
Díaz también dijo a La FM que "la amnistía está concebida como un olvido legal de delitos, generalmente de carácter político" y que, pese a este proceso histórico en el país vecino, "el régimen parecería ser una víctima que perdona por delitos cometidos sin dar lugar a reconocer la ilegalidad de las detenciones y la consecuente vulneración de derechos fundamentales de quienes fueron detenidos por su actuar disidente".
Asimismo, la experta afirma que esta ley "adolece" de cobertura a determinados temas de relevancia. Ejemplifica que pueden registrarse casos de revictimización por parte del régimen, "en cuanto a la autoridad competente para decidir si hay lugar a conceder la amnistía, pues es la misma que decidió inicialmente sobre la detención, lo cual podría conducir a revictimizaciones por ausencia de garantías procesales".
Finaliza este apartado, considerando que la ley no establece medidas de reparación a quienes fueron detenidos de manera arbitraria.
¿Qué pasará con el régimen?
La experta considera que el régimen puede pretender "asegurar impunidad para sus funcionarios, al tiempo que se posiciona como el gestor de un perdón que servirá como cortina de humo para evadir el reconocimiento de la responsabilidad que le correspondería".
Finalmente, apunta a que esta ley solo contempla la amnistía a nivel interno, "por ende, ésta no tiene el alcance para limitar las acciones legales de carácter internacional y, en particular, la competencia de la que goza la Corte Penal Internacional". Como consecuencia de esto, Venezuela podría ser declarado como responsable por facilitar la impunidad para violaciones graves de derechos humanos, bajo el estatuto de Roma.
