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El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año, inició una huelga de hambre junto a otros presos políticos recluidos en el centro penitenciario Rodeo I, en las afueras de Caracas, en una protesta que vuelve a poner bajo cuestionamiento el alcance de la reciente ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano.
La información fue confirmada por la agencia AFP y por su pareja, María Alexandra Gómez, quien denunció en redes sociales la gravedad de la situación dentro del penal.
“Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre”, escribió Gómez en su cuenta de X.
Según familiares de los detenidos, la medida comenzó el viernes por la noche y reúne a alrededor de 213 o 214 presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Los reclusos exigen atención médica, respeto a sus derechos fundamentales y liberaciones efectivas tras la aprobación de la amnistía.
“Estamos en emergencia, es preocupante la salud de nuestros familiares”, señalaron allegados en un video difundido en redes sociales, donde anunciaron además una conferencia de prensa para denunciar la situación.
Gómez responsabilizó directamente a las autoridades penitenciarias y al gobierno venezolano por cualquier deterioro en la salud del gendarme argentino, quien, según afirmó, lleva 441 días en condición de desaparición forzada. También cuestionó la falta de intervención internacional: “¿Qué está haciendo la ONU frente a la violación constante de los derechos humanos?”, reclamó.
Protesta vinculada a la ley de amnistía
La huelga de hambre está directamente relacionada con la reciente ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional venezolana e impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El gobierno anunció que la normativa permitiría liberar a cientos de detenidos por motivos políticos. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ya se otorgó amnistía a 379 personas y se han iniciado más de 1.500 solicitudes de revisión judicial.
Sin embargo, familiares de presos recluidos en Rodeo I aseguran que la mayoría de los detenidos del penal no fue incluida en los beneficios, lo que detonó la protesta colectiva.
Una amnistía que no es automática
Uno de los principales cuestionamientos a la ley es que la amnistía no se aplica de forma automática. Cada preso debe solicitar individualmente el beneficio ante el tribunal que lleva su causa, y la Fiscalía también puede intervenir en el proceso.
Este mecanismo genera incertidumbre entre las familias y organizaciones de derechos humanos, que consideran que el sistema judicial venezolano sigue siendo un obstáculo para liberaciones rápidas.
Analistas y ONG advierten además que la ley incluye exclusiones amplias. No pueden acogerse quienes hayan sido acusados de promover acciones armadas contra el Estado, delitos de terrorismo, corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos.
Estas categorías han sido utilizadas históricamente por el gobierno para procesar a opositores, militares disidentes y activistas, lo que podría dejar fuera a numerosos presos políticos.
Críticas y dudas sobre su alcance real
Organizaciones civiles han recibido la amnistía con cautela. Aunque reconocen que representa un posible alivio para algunas familias, sostienen que el impacto real dependerá de cómo se aplique en la práctica y del ritmo de excarcelaciones.
Defensores de derechos humanos también cuestionan la falta de claridad sobre los criterios de selección, la exclusión de ciertos militares y dirigentes opositores y la ausencia de garantías para la restitución de derechos políticos o bienes confiscados.
Incluso dentro del debate parlamentario surgieron desacuerdos sobre si los exiliados podrían solicitar amnistía sin regresar al país, reflejando divisiones políticas internas durante la aprobación de la norma.
Actualmente, organizaciones independientes estiman que más de 600 personas continúan detenidas por motivos políticos, pese a las liberaciones anunciadas.
