La FM en Google News
Transparencia Internacional publicó los resultados para América Latina y el Caribe del Barómetro Global de Corrupción 2016, encuesta de opinión pública realizada a la ciudadanía en 20 países de la región sobre percepciones y experiencias de corrupción.
En el caso colombiano, el 61% de los consultados consideró que la corrupción creció entre 2013 y 2016. Sin embargo, “el resultado más importante de esta encuesta es que el 74% de las personas consideraron que la ciudadanía sí puede hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción en nuestro país”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional en el país.
De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción 2016, el 65% de los encuestados respaldó la afirmación que indica que en Colombia es aceptable denunciar un hecho de corrupción. Y el 74% señaló que si fueran testigos de un hecho de corrupción se sentirían obligados a denunciarlo. “Estos datos, que son muy valiosos en medio del desencanto y la desesperanza frente a los hechos de corrupción conocidos en el sector público, en la justicia y en el sector privado, nos indican que debemos elevar los niveles de sanción social y política a la corrupción”, indicó Hernández, al explicar que para esto se requieren mecanismos más claros para la denuncia y una protección más efectiva para quien se atreva a hacerlo.
Lo anterior teniendo en cuenta que solo el 64% de los encuestados estaría dispuesto a pasar un día presentando lo hechos ante un tribunal. El Barómetro también indagó sobre el pago de sobornos en el acceso a servicios proporcionados por instituciones públicas. Se identificó que, en Colombia, el 20% de las personas que han acudido a hospitales públicos han tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer algún favor para obtener un servicio; el 20% lo ha hecho cuando se trata de la policía y otro 20% cuando se relaciona con escuelas públicas. En un menor porcentaje se identificó el pago de sobornos en la obtención de documentos de identidad, en el acceso a servicios públicos domiciliarios y en trámites ante tribunales de justicia.
Frente al panorama de corrupción, el 61% de los encuestados por el Barómetro 2016 consideró que esta ha aumentado. En el año 2010 este porcentaje correspondía al 28% de los encuestados y en el año 2013 al 56%. A lo anterior se suma el hecho de que la ciudadanía castiga fuertemente la acción del gobierno en la lucha contra este flagelo: el 59% de los encuestados consideró que sus acciones no son las más acertadas.En América Latina esa cifra es del 53%.
“Este escenario, compartido por los países de la región, está asociado a las investigaciones periodísticas que han desenmascarado la corrupción; a las investigaciones judiciales que han llevado a que, incluso presidentes de la República, hayan sido vinculados formalmente a las investigaciones; y a un mayor reconocimiento de este mal como un problema de las autoridades públicas”, indicó Hernández.
El Barómetro 2016 registró que en el “top” de las entidades más afectadas por este delito están: los congresistas, en el primer lugar, con el 54%; seguidos por el Presidente de la República y sus ministros, con el 48%; los concejales, 46%; y la Policía, 41%. El 37% de las personas encuestadas consideraron que los jueces y magistrados también se encuentran afectados por la corrupción.
“Hoy sabemos que las redes de corrupción han logrado afectar instituciones fundamentales de nuestras democracias. Las respuestas no pueden limitarse a anunciar pactos simbólicos, reformas o medidas legales; es necesario que las instituciones tomen acciones urgentes de rendición de cuentas, mientras los procesos judiciales y los cambios normativos avanzan”, señaló Andrés Hernández.
