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La Unión Europea centra su segundo paquete de sanciones sobre Rusia por la invasión de Ucrania en atacar su sistema financiero y ahogar la financiación de bancos y empresas públicas, dejando de lado por ahora represalias comerciales más severas que podrían infligir un importante daño también a los países de la UE por sus lazos económicos con Moscú.
La invasión rusa de Ucrania desencadenó un nuevo conjunto de sanciones por parte de la UE apenas dos días después de los primeros ataques: los líderes de la UE acordaron el alcance de las nuevas represalias en una cumbre el jueves y sus ministros de Asuntos Exteriores confirmaron las sanciones 24 horas después.
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Las medidas entraron en vigor la pasada noche, después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y finalmente incluyeron también al presidente ruso y a su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en la lista de sanciones individuales que, desde la Guerra de Crimea en 2014, recoge ya 654 personas y 52 entidades.
La UE optó por dejar fuera de este paquete de sanciones medidas comerciales de calado que, por ejemplo, sí ha adoptado Estados Unidos, puesto que tendrían un "enorme impacto" en la economía de sus Estados miembros, quienes se verían obligados a pagar un "alto precio" por ellas.
Así lo reconocen fuentes comunitarias al subrayar que el bloque tiene una relación comercial con Rusia que multiplica por diez la que tiene Washington.
"Estados Unidos lo tienen más fácil. Su relación comercial es de 8.000 millones y la nuestra de 80.000 millones", enfatizan, para después añadir, no obstante, que los Veintisiete podrían incluir estas sanciones en futuros paquetes si Rusia sigue avanzando en sus pretensiones sobre Ucrania.
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Caso SWIFT
Estas razones explican que las sanciones de la UE no incluyan por ahora restricciones al comercio de productos de lujo, como diamantes, prohibiciones a la importación de gas o la desconexión de los bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT, un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema financiero internacional.
Sacar a las entidades rusas de este sistema, como ya ocurrió con algunas entidades iraníes a raíz de las sanciones europeas en 2012, supondría cortar sus lazos financieros con el exterior al impedirles recibir divisas o realizar transferencias por sus transacciones comerciales y tendría un impacto "devastador", según un análisis del centro Carnegie Europe.
Con este escenario, la UE prefirió centrarse en cortar los canales de financiación y negar el acceso a los mercados de capitales al Kremlin, sus empresas públicas y los bancos rusos a través de una serie de decisiones en el ámbito financiero.
Los bancos privados Alfa Bank y Bank Otkritie y las públicas Sberbank, Vneshtorgbank (VTB), Gazprombank, Russian Agricultural Bank and Vnecheconombank (VEB) se suman a la lista de entidades sancionadas por el bloque, se frena también la financiación de empresas públicas como Kamaz, Rostec o Almaz-Antey y se prohíbe la apertura de nuevos depósitos de más de 100.000 euros a ciudadanos rusos en bancos europeos.
Bruselas estima que esta sanciones afectan al 70 % del sistema bancario ruso y también a empresas “clave” y el objetivo es conseguir que aumenten los costes de financiación de la economía rusa, generen inflación y erosionen la base industrial del país, reduciendo las inversiones extranjeras directas el país.
A las financieras se suman sanciones energéticas que buscan impedir que Moscú tenga la tecnología adecuada para modernizar sus refinerías de petróleo para entorpecer una importante fuente de ingresos de Rusia: en 2019 ingresó 24.000 millones de euros en exportaciones de crudo refinado a la UE.
