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En un nuevo episodio de tensión institucional en Israel, la fiscal general Gali Baharav-Miara acusó al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de intentar operar por encima de la ley y debilitar el sistema judicial. En una carta dirigida al gabinete antes de una reunión donde se discutiría una moción de censura en su contra, la fiscal general sostuvo que esta iniciativa es legalmente irrelevante y no afectará los esfuerzos gubernamentales para destituirla.
Baharav-Miara también denunció que el gobierno malinterpreta el rol de la Fiscalía General, cuya función es "ayudar al gobierno a lograr sus políticas de acuerdo con la ley", y rechazó las acusaciones de que ha obstruido la labor del Ejecutivo. "Cuando el sistema de asesoría legal le presenta al gobierno los límites de la ley, está haciendo su trabajo y no se puede afirmar que estas son diferencias de opinión que son motivo de despido", afirmó.
La fiscal destacó que su oficina ha respaldado la implementación de cientos de leyes y resoluciones gubernamentales y ha representado al gobierno en más de 2.000 peticiones judiciales, incluidas aquellas vinculadas a la guerra, como la política de ayuda humanitaria a Gaza y la detención administrativa. Sin embargo, acusó al gobierno de buscar "poder ilimitado del régimen, como parte de un proceso más amplio para debilitar al poder judicial".
Mientras el gabinete se reunía para deliberar sobre la censura, el portavoz del ministro de Justicia, Yariv Levin, criticó duramente a Baharav-Miara por no asistir a la sesión, calificando su ausencia como "una prueba más del profundo desprecio que siente por el gobierno y sus miembros". A la vez, varios jueces retirados de la Corte Suprema publicaron una carta advirtiendo contra su despido. Entre los firmantes se encuentran los expresidentes del tribunal Esther Hayut, Dorit Beinisch y Aharon Barak, quienes recordaron que la Fiscalía General tiene como objetivo prevenir decisiones ilegales y que su remoción pondría en peligro "el estatus del Estado de Israel como una nación de leyes".
La crisis institucional también ha desencadenado protestas masivas en todo el país. Miles de manifestantes han salido a las calles por sexto día consecutivo en Jerusalén y otras ciudades para oponerse a la destitución de Baharav-Miara y del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, así como para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. El sábado por la noche, más de 100.000 personas protestaron en Tel Aviv, Jerusalén y otras localidades, marcando una escalada en la movilización ciudadana.
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El proceso para la destitución de Baharav-Miara, iniciado por el ministro Levin a principios de mes, podría prolongarse por varios meses. La decisión final estará en manos de un comité público de cinco miembros, aunque actualmente dos puestos están vacantes y deben ser ocupados antes de que el organismo pueda operar. Además, el Tribunal Superior de Justicia deberá evaluar las peticiones en contra del despido de la fiscal, lo que podría generar una batalla legal prolongada.
Los sindicatos y grupos empresariales han advertido que podrían convocar huelgas masivas si el gobierno no acata las resoluciones judiciales. Mientras tanto, la crisis política sigue profundizándose en un país marcado por la guerra en Gaza, el conflicto político interno y una creciente polarización social.
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