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Keiko Fujimori sufrió una nueva derrota en los tribunales peruanos, al conocerse que ningún juez supremo está a favor de concederle la libertad que solicitó, tras cumplir más de nueve meses en prisión mientras es investigada por presunto lavado de activos vinculado con Odebrecht.
Ya en enero pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones había resuelto, por unanimidad, declarar infundado un recurso planteado por Fujimori, contra la resolución judicial que a fines de octubre pasado decretó su ingreso en prisión preventiva, durante 36 meses.
Este viernes, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema debían dar a conocer su resolución sobre la casación presentada por Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Luis Mejía Lecca, todos comprendidos en la investigación fiscal.
Sin embargo, cuando la decisión era esperada con gran expectativa por la prensa y la ciudadanía, los jueces anunciaron que se había "producido una discordia", que impedía cumplir con el requisito legal de tener cuatro votos para anunciarla.
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Al precisar los detalles de la "discordia", el presidente del tribunal, Hugo Príncipe, dejó en evidencia que el pedido de libertad, presentado por Keiko, no cuenta con ningún voto favorable.
Tres de los jueces consideraron "fundada en parte" las casaciones y que la prisión preventiva debía disminuirse de 36 a 18 meses, mientras que otros dos pidieron que "se declaren infundadas".
Príncipe precisó que ahora se convocará a un juez dirimente para que resuelva el caso, algo que, según señalaron juristas peruanos, hará que la decisión final solo se conozca dentro de un mes.
En caso de que, finalmente, se aprueben los 18 meses, Fujimori deberá permanecer 8 meses más en la cárcel, el mismo plazo máximo que tendría la Fiscalía para terminar sus investigaciones preliminares y presentar una acusación.
Por ese motivo, el ex fiscal supremo Avelino Guillén afirmó al diario La República que Keiko sufrió este viernes, "una derrota judicial", y consideró que a su defensa le queda insistir en la vía del hábeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional.
Además, tras conocerse la decisión, la abogada de Keiko, Giulliana Loza, declaró que existen "presiones" para que Fujimori no sea liberada, mientras que el esposo de la líder opositora, Mark Vito, dijo que se siente "muy frustrado".
"Vamos a ser convocados nuevamente para exponer ante un magistrado estos argumentos. Vamos a esperar que sea lo más pronto posible, jamás vamos a descansar", señaló Loza.
Vito sostuvo, por su parte, que han esperado "mucho tiempo que la justicia iba a llegar" y lamentó que, en su opinión, "parece que algunos han caído en presiones externas".
El esposo de Keiko dijo que él y la defensa van a seguir "fuertes e inmutables" y esperarán a la reprogramación de las audiencias.
Keiko Fujimori fue enviada a prisión, a fines de octubre pasado, por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien acogió un pedido del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú.
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Cuando se esperaba la resolución sobre la casación, Pérez señaló a la agencia oficial Andina que su eventual aceptación podía activar el peligro de obstaculización de la justicia, que fue el principal argumento para dar la prisión preventiva, dado que el partido de Keiko, Fuerza Popular, domina el Congreso peruano.
El Fiscal alertó que una de las consecuencias podía ser el cambio de versión de los colaboradores y de las demás personas que puedan ser llamadas como testigos durante el proceso.
Fujimori es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos por aparentemente haber recibido aportes irregulares de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Esta semana, el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ratificó ante fiscales peruanos que la empresa entregó 500.000 dólares para financiar la segunda vuelta de su campaña presidencial de 2011.
