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La jueza federal de distrito Kathleen Williams ordenó la suspensión temporal de la construcción en un centro de detención de inmigrantes erigido en medio de los Everglades de Florida, conocido como Alligator Alcatraz, mientras se decide si el proyecto viola las leyes ambientales.
Según el fallo, que será emitido por escrito más tarde, las instalaciones podrán seguir operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pero durante los próximos 14 días los trabajadores no podrán agregar nuevo relleno, pavimentación o infraestructura.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee solicitaron a la jueza que se detenga la construcción y operación del centro, alegando que amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan especies protegidas y que podría revertir miles de millones de dólares invertidos en restauración ambiental.
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Durante la audiencia, el abogado de los demandantes, Paul Schwiep, pidió una orden de restricción temporal para impedir cualquier obra mientras se argumenta la orden preliminar. Williams consultó al representante legal del estado, Jesse Panuccio, si Florida aceptaría detener la construcción voluntariamente. Panuccio respondió que no podía garantizarlo y advirtió que cualquier obra nueva probablemente sería permanente, lo que derivó en una audiencia de una hora para definir la medida cautelar.
El núcleo de la disputa es si el centro de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), que obliga a las agencias federales a evaluar el impacto ecológico de grandes proyectos. Schwiep sostuvo que la instalación tiene un propósito exclusivamente federal: la aplicación de la ley migratoria, mientras que Panuccio argumentó que la obra es responsabilidad exclusiva de Florida, lo que haría que la NEPA no aplicara.
Williams indicó que, al menos, el proyecto parece ser una colaboración entre los gobiernos estatal y federal.
La demanda en Miami contra autoridades estatales y federales es una de dos impugnaciones legales contra el centro, construido hace poco más de un mes en una pista de aterrizaje aislada propiedad del condado de Miami-Dade. La segunda demanda, presentada por grupos de derechos civiles, denuncia que los detenidos no pueden reunirse con abogados, permanecen sin cargos y han visto canceladas sus audiencias de fianza. Esta audiencia está prevista para el 18 de agosto.
Los demandantes sostienen que, pese a que el centro fue construido por el estado, la autoridad sobre inmigración es federal, por lo que sí debería haberse hecho la revisión ambiental. Los abogados del gobierno pidieron a Williams desestimar el caso o transferirlo, alegando que se presentó en la jurisdicción equivocada.
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Mientras tanto, la administración del gobernador republicano Ron DeSantis avanza en planes para un segundo centro de detención de inmigrantes en el norte del estado, en instalaciones de la Guardia Nacional de Florida, bajo el nombre “Centro de Detención Norte”.
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