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Una jueza federal de distrito dictaminó el viernes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado llevando a cabo arrestos y detenciones sin causa probable en operativos migratorios en el área de Los Ángeles, y prohibió al gobierno continuar deteniendo personas basándose únicamente en su raza, el idioma que hablan o el tipo de trabajo que desempeñan.
La decisión fue emitida por Maame Ewusi-Mensah Frimpong, jueza del Distrito Central de California y designada por el expresidente Joe Biden, en respuesta a una demanda presentada por la ACLU del Sur de California en nombre de cinco personas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La demanda acusa al DHS —organismo que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— de realizar redadas inconstitucionales y negar a los detenidos el acceso a abogados.
El fallo, que afecta a siete condados que incluyen Los Ángeles y sus alrededores, establece que el DHS debe redactar nuevas directrices para que los agentes determinen una “sospecha razonable” que no esté basada en factores como la raza, el acento, la presencia en ciertos lugares —como paradas de autobús— o el tipo de empleo.
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En su decisión, Frimpong fue tajante: “Este Tribunal decide, basándose en todas las pruebas presentadas, que así es”, en referencia a si la administración Trump realizaba patrullajes sin sospecha razonable y denegaba acceso legal a los detenidos. La jueza agregó que la administración “no” presentó evidencia alguna sobre las bases legales de los arrestos.
Durante una audiencia celebrada el jueves anterior, la jueza se mostró escéptica ante los argumentos del gobierno federal, que alegaba que los arrestos se basaban en “información de inteligencia” y “análisis de tendencias”. Sin embargo, Frimpong cuestionó duramente la falta de pruebas al respecto: “Es difícil para el tribunal creer que no se pudo encontrar un solo caso con un informe de por qué alguien fue atacado”, afirmó.
El fallo también se extiende al FBI y al Departamento de Justicia, acusados junto con el DHS, y prohíbe específicamente negar el acceso a abogados en un centro de detención identificado como “B-18”. Según organizaciones civiles, los detenidos en B-18 sufrían condiciones inhumanas, incluyendo la falta de camas, duchas y atención médica adecuada.
El DHS, a través de su portavoz Tricia McLaughlin, criticó duramente la decisión: "Un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense", expresó.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha intensificado sus políticas migratorias, ordenando deportaciones masivas y el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas como Los Ángeles. El mes pasado, la Casa Blanca impulsó una nueva ola de redadas en centros urbanos y demandó a Los Ángeles por mantener su estatus de “ciudad santuario”.
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El fallo judicial recibió elogios por parte de líderes estatales y locales. El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró la decisión en la red social X: «California se atiene a la ley y la Constitución, y pido a la administración Trump que haga lo mismo». La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se pronunció: «Un paso importante para restaurar la seguridad y defender los derechos de todos los angelinos».
Por su parte, Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU, afirmó: “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”.
