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El juez Juan Carlos Peinado decidió transformar en procedimiento con jurado la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La resolución supone un paso decisivo en la causa, ya que el magistrado ha citado a Gómez este sábado en su juzgado para que las acusaciones concreten los términos de la imputación.
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El auto también afecta a otros dos investigados: Cristina Álvarez, asesora contratada por La Moncloa, y Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y ex alto cargo de la Presidencia. Ambos deberán comparecer junto a Gómez en la vista del 27 de septiembre a las 18 horas, donde se espera que tanto las defensas como la Fiscalía soliciten el archivo, mientras que las acusaciones populares tendrán la oportunidad de precisar sus cargos.
El magistrado fundamenta su decisión en el respaldo de la Audiencia de Madrid a investigar la contratación de Álvarez y en la negativa de Gómez y su asesora a ofrecer explicaciones convincentes. En el caso de la esposa de Pedro Sánchez, las respuestas se limitaron a algunas intervenciones exculpatorias formuladas por su propio abogado. A ello se suman los correos electrónicos recientemente aportados por la Universidad Complutense, en los que la asesora gestionaba asuntos vinculados con la cátedra extraordinaria dirigida por Gómez.
En su auto, Peinado señala: “Se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos”. El juez aclara que, aunque inicialmente sostuvo que Gómez y Álvarez no eran las autoras directas de una posible malversación, ahora ha cambiado de criterio a la luz de las nuevas pruebas.
La resolución implica la apertura de un procedimiento que, en la práctica, anticipa la celebración de un juicio con jurado popular. Sin embargo, el proceso aún puede dilatarse si las partes solicitan nuevas diligencias en la vista del sábado. El juez tendrá entonces que decidir si archiva la causa o si sigue adelante, en cuyo caso pedirá los escritos de acusación y defensa y convocará una audiencia preliminar que podría desembocar en un auto de apertura de juicio oral.
La investigación de la presunta malversación se sigue en una pieza separada del procedimiento principal, y busca esclarecer si la asesora adscrita a La Moncloa se dedicaba también a tareas de carácter privado para Gómez. Tanto la esposa del presidente como Álvarez han negado esas funciones, salvo casos puntuales, aunque en el sumario consta un correo en el que la asesora, a petición de Gómez, solicitaba a un patrocinador de la cátedra reconsiderar su decisión de retirar fondos.
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En paralelo, la causa principal continúa centrada en las relaciones de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y en su papel en la Universidad Complutense, especialmente en lo relativo al software que varias empresas desarrollaban de manera gratuita para su cátedra.
Fuentes jurídicas recuerdan que los recursos ya interpuestos solicitando el archivo —y los que eventualmente se presenten tras la vista del sábado— no paralizan el procedimiento.
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