Jorge Yunda, alcalde de Quito: nos preocupa la difícil situación en Ecuador

Quito se prepara este miércoles para una gran movilización después de que el gobierno ecuatoriano y líderes indígenas sostuvieran un primer acercamiento, en medio de la crisis social que afecta a Ecuador por el alza de los precios del combustible.

Pese a ese acercamiento, la protesta no cede y el miércoles se espera que se sumen sindicatos y otros grupos de inconformes mientras que miles de indígenas y campesinos se encuentran en Quito. Los aborígenes exigen que el presidente Lenin Moreno eche para atrás el desmonte de los subsidios acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de préstamos por 4.209 millones de dólares.

"Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes", dijo a la prensa Lenin Moreno el martes por la noche, cuando saludó a soldados que protegen un puente en Guayaquil. A pesar del contacto inicial, con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, Moreno admitió que "hay alguna dificultad" por el hecho de que "más de 60 organizaciones" muestran su disgusto por el aumento de precios.

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Sin que amainen las protestas que se registran desde hace una semana, manifestantes asaltaron el martes la sede legislativa. La fuerza pública logró desalojar a las personas que ingresaron, por breve lapso, al edificio desocupado de diputados en la militarizada capital ecuatoriana. Las protestas que estallaron por el fin de los subsidios -pactado con el FMI- y la consecuente alza de hasta 123% en los combustibles desataron más caos y golpean sensiblemente la producción petrolera debido a la toma violenta de pozos en la Amazonía.

En Quito, militares y policías repelieron con gas lacrimógeno a varios cientos de manifestantes que con la cara cubierta también intentaron ocupar la sede del Congreso unicameral. Sobre la vía ardían árboles caídos y las humaredas eran visibles a distancia. "Primero la Asamblea y luego nos tomaremos Carondelet (casa presidencial)", amenazó uno de los manifestantes, en abierto desafío al estado de excepción que rige en el país desde el jueves.

Periodistas de la AFP vieron a jóvenes con escudos de madera con la leyenda "guardia indígena" tratando de romper las barreras de seguridad. Frente al acecho de manifestantes a sedes públicas, Moreno restringió el tránsito nocturno alrededor de esas instalaciones estratégicas.

Diálogo

El lunes Moreno se vio forzado a trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, unos 270 kilómetros al suroeste, desde donde promueve el diálogo con la dirigencia de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). "Hay diálogo para los hermanos indígenas que lastimosamente tienen necesidades, y en eso estamos completamente de acuerdo", dijo previamente en una declaración a los medios. El mandatario ofreció igualmente liberar recursos para los pueblos golpeados por el fin de los subsidios.

Decretado para aliviar el alto endeudamiento y la falta de liquidez, el fin de los subsidios y la subsecuente alza de los combustibles terminó envolviendo a Ecuador en su peor espiral de manifestaciones desde 2007. En una aparición el lunes en televisión, Moreno señaló directamente al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, otrora aliado suyo, de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. "El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización", dijo el presidente rodeado del alto mando militar, que de momento se ha cohesionado en torno al gobierno.

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Maduro se burló al señalar el martes que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote. Desde el exterior, Correa por su lado negó los señalamientos y pidió el adelanto de elecciones -previstas para 2021- ante lo que describió como una "grave conmoción social".

El exgobernante vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada. Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno.

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