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Inmigrantes retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos siete estados de Estados Unidos están denunciando falta de comida, hambre persistente y alimentos en mal estado, en medio de un sistema de detención desbordado por la política de arrestos intensificados de la administración Trump.
Las denuncias provienen de detenidos, abogados y organizaciones de derechos humanos. “Me estoy acostumbrando al hambre”, relató Ilia Chernov, un inmigrante ruso recluido en el Centro Correccional Winn, en Luisiana al canal estadounidense NBC News. A través de un traductor explicó que ha perdido peso porque las porciones se han vuelto más pequeñas y comer se ha convertido en una lucha diaria.
En el centro Golden State Annex en California, Alfredo Parada Calderón, un salvadoreño detenido desde hace un año, describió la comida como insuficiente y sin sabor. “Parecen piedritas muy pequeñas, y esas serán las onzas que te den”, dijo, refiriéndose a la carne casi licuada que se le ha servido.
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Las denuncias coinciden con un aumento crítico en la población detenida. A mediados de junio, ICE tenía casi 60,000 personas bajo custodia, superando en un 45% la capacidad establecida por el Congreso, que actualmente es de 41,500 plazas. Según datos recientes, en el Centro de Procesamiento del Noroeste en Tacoma (Washington), se han detectado siete infracciones alimentarias en 2025, frente a solo dos en todo 2024. Una investigación oficial vinculó un brote de diarrea y malestar estomacal a berza recalentada contaminada con Bacillus cereus, una bacteria que puede causar intoxicación alimentaria.
Además del hacinamiento, defensores señalan que la crisis se agrava por la disminución de la supervisión institucional. La Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes, órgano independiente que inspeccionaba condiciones dentro de los centros, fue desmantelada tras recortes ordenados por la actual administración. “Al final del día, esto simplemente significa que hay menos personas que puedan hacer sonar la alarma”, dijo un exfuncionario del DHS bajo anonimato.
La abogada Karla Gilbride, de Public Citizen, denunció que los funcionarios de la oficina fueron “licenciados o despedidos” y que “se les indicó dejar de interactuar con los detenidos”. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la oficina sigue operativa, documentos judiciales indican que solo tres nuevos empleados están en proceso de incorporación, y que todas las quejas posteriores a marzo están siendo archivadas.
En centros de detención como Delaney Hall, en Newark (Nueva Jersey), las tensiones han escalado a peleas internas. Según abogados citados por The New York Times, los enfrentamientos ocurrieron por la combinación de comidas miserables servidas en horarios irregulares y condiciones precarias. Rubimar, una mujer venezolana cuyo esposo José fue detenido en El Paso y deportado el mes pasado, contó: “Me dice que a muchos les dan dos cucharadas de arroz y que muchos siguen con hambre”.
La abogada Jennifer Norris, del Immigrant Defenders Law Center, afirmó haber recibido múltiples quejas de clientes en California por comida "incomible" y, en al menos un caso, "mohosa". Por su parte, Liliana Chumpitasi, quien dirige una línea directa para detenidos en Washington, declaró que los horarios de comida ahora son caóticos: “La cena a menudo no se sirve hasta la medianoche y las raciones son la mitad que el año pasado”.
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A pesar de las múltiples denuncias, el DHS niega cualquier problema sistemático. “Cualquier afirmación de que hay falta de alimentos o condiciones deficientes en los centros de detención de ICE es falsa”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin, quien insistió en que las comidas están certificadas por nutricionistas y que los detenidos reciben “tratamiento adecuado y alimentación suficiente”.
En contraste, organizaciones como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración han recibido docenas de quejas recientes, señalando que la mayoría de los problemas se deben a la sobrecarga del sistema y la falta de capacidad para responder a aumentos diarios imprevistos de detenidos. “Lo que oigo es que hay largos periodos sin comida, y cuando la reciben es pan o papas fritas”, resumió Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de políticas de la organización.
Aunque el Congreso ha financiado al ICE para 41,500 camas, la aprobación en julio de la “One Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump, que asigna 45 mil millones de dólares para centros de detención hasta 2029, podría duplicar la capacidad a más de 116,000 plazas, según estimaciones del Consejo Americano de Inmigración.
