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Un tribunal de Ecuador condenó este sábado a trece años de prisión a cinco personas por el delito de delincuencia organizada, acusadas de integrar la estructura en el país andino de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Junto a estos cinco condenados, otras ocho personas fueron sentenciadas a diez años de cárcel por el mismo delito. Según la Fiscalía, integraban una red dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos en la frontera entre Ecuador y Colombia, y estarían relacionadas con hechos delictivos cometidos entre 2023 y 2024.
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El caso se hizo público a finales de agosto de 2024, tras un operativo simultáneo de las fuerzas de seguridad en cinco provincias: Pichincha (capital, Quito), Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, y las amazónicas Orellana y Sucumbíos, esta última limítrofe con Colombia.
Durante la operación fueron detenidas dieciséis personas ecuatorianas, algunas con antecedentes por tráfico y posesión de drogas. En los allanamientos se incautaron siete vehículos de alta gama, veintinueve teléfonos móviles, dieciséis armas, municiones, computadoras y más de 100.000 dólares en efectivo.
La red estaba implicada en delitos graves como secuestro, extorsión, sicariato (asesinato por encargo), y tráfico de armas y explosivos no autorizados, según información de la Policía.
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Las investigaciones indican que esta organización también enviaba cargamentos de cocaína a México y España.
En enero de este año se vincularon al proceso otras cuatro personas, entre ellas Roberto Carlos Álvarez Vera, detenido en junio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y señalado como presunto cabecilla en Ecuador de los Comandos de la Frontera. Actualmente espera su extradición.
En abril, un juez dictó sobreseimiento para tres de los procesados y llamó a juicio a los otros diecisiete, de los cuales trece han sido condenados este sábado.
A los Comandos de la Frontera se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos durante una emboscada en mayo de 2024, en un operativo contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino, entre las provincias de Orellana y Napo. En ese enfrentamiento también murieron tres atacantes.
El ataque con fusiles, lanzagranadas y explosivos mostró el alcance de esta organización, que según las autoridades, mantiene una alianza con Los Lobos, uno de los principales grupos criminales del país, para controlar rutas de narcotráfico y enclaves de minería ilegal.
Tras el asesinato de los soldados, el presidente Daniel Noboa declaró a los Comandos de la Frontera como enemigos del Estado ecuatoriano, en el marco del "conflicto armado interno" declarado a inicios de 2024 contra el crimen organizado, junto al Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur.
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