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Una fiscal peruana pidió que el exlegislador, Kenji Fujimori, sea condenado a 12 años de cárcel por presuntamente haber intentado comprar votos para evitar la destitución del expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, informaron este sábado medios locales.
La fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla acusó a Kenji Fujimori de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado, cometidos junto con los también excongresistas fujimoristas Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez, así como su exasesor Alexei Toledo.
Por ese motivo, solicitó 12 años de prisión para Bocángel y 11 años para Ramírez, y que los cuatro implicados en su acusación afronten el proceso con comparecencia restringida.
La acusaciòn
En su acusación, presentada ante el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Ñúnez, la fiscal señala que Kenji habría llegado a un acuerdo con Kuczynski para evitar su destitución a inicios de 2018 tras el indulto que le concedió a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, el 24 de diciembre de 2017.
La investigación de este caso fue formalizada en junio de 2018 por el entonces fiscal general peruano Pablo Sánchez, tras difundirse unos videos grabados de manera oculta por el entonces también legislador fujimorista Moisés Mamani.
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Este parlamentario presentó las grabaciones como presuntas pruebas de que se le intentó convencer, a cambio de ofrecerle obras para su región, para que no respalde la destitución de Kuczynski por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
Un caso compleo
Fujimori, Bocángel y Ramírez fueron suspendidos de sus funciones en junio de 2018 a iniciativa del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hermana mayor del exlegislador que también es investigada por presunta corrupción vinculada con Odebrecht.
Fuerza Popular intentó incluso destituirlos de sus cargos, aunque sin éxito, tras acusarlos de haber querido comprar los votos de otros legisladores fujimoristas.
Kuczynski, que terminó renunciando a la presidencia peruana en marzo de 2018, había indultado a Alberto Fujimori días después de haber sido salvado por Kenji y otros nueve legisladores disidentes de Fuerza Popular de un primer intento de destitución.
Antes de ser suspendido, Kenji Fujimori renunció a Fuerza Popular tras desmarcarse de la línea conservadora de la formación y expresar posturas distintas al voto unitario que caracteriza al partido que lidera su hermana.
Desde entonces, Kenji y Keiko mantienen un distanciamiento que no ha podido ser solucionado ni siquiera por su padre, quien insiste en buscar la "unión familiar" desde que volvió a la prisión en enero del año pasado después de que un juez anuló por irregularidades el indulto que le había otorgado Kuczynski.
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Este último, además de haber renunciado a la Presidencia, en la que fue reemplazado por su vicepresidente Martín Vizcarra, permanece en arresto domiciliario mientras es investigado por la Fiscalía por sus vínculos con Odebrecht.
