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La Fiscalía Electoral de Brasil se manifestó en favor de inhabilitar políticamente al expresidente Jair Bolsonaro, por lanzar duros ataques contra el sistema de votación del país.
El Ministerio Público ve indicios de que el líder ultraderechista cometió "abuso de poder político", al sembrar sospechas infundadas sobre la legitimidad de las urnas electrónicas que Brasil usa en sus procesos electorales desde 1996, según el diario 'O Globo'.
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El caso tramita bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior Electoral (TSE) que, si optara por seguir el dictamen de la Fiscalía, podría impedir a Bolsonaro disputar unas nuevas elecciones en los próximos ocho años.
La manifestación de la Fiscalía, de la que no han trascendido mayores detalles, está firmada por el vicefiscal general electoral, Paulo Gonet, y fue recibida por la corte la noche del miércoles, de acuerdo con el periódico.
La acción, una de las varias que cursan en el TSE contra Bolsonaro, parte de una denuncia del Partido Democrático Laborista presentada tras la reunión que mantuvo Bolsonaro con un grupo de 40 embajadores el pasado 18 de julio en la residencia presidencial.
En ese encuentro, transmitido en directo por los canales oficiales, el entonces jefe de Estado, ya inmerso en campaña para las presidenciales de octubre de 2022, que ganaría el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, expuso su desconfianza en el sistema electoral.
En su discurso, insistió en que las elecciones de 2018, que él gano en segunda vuelta, "no fueron totalmente transparentes" y también citó supuestas irregularidades ocurridas en 2014, cuando la entonces presidenta Dilma Rousseff fue reelegida.
Asimismo, insinuó que algunos de los miembros de la Justicia Electoral y la Corte Suprema tienen "claros vínculos" con "la izquierda" y les acusó de beneficiar con sus decisiones a Lula.
Según 'O Globo', la opinión de la Fiscalía es la última fase de la investigación judicial y existe la expectativa de que el caso sea juzgado "entre finales de abril y principios de mayo".
Bolsonaro, de 68 años, volvió a Brasil el pasado 30 de marzo después de pasar tres meses en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de acabar su mandato para evitar entregarle la banda presidencial a Lula en la investidura del 1 de enero.
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Además de las causas que enfrenta en la Justicia Electoral, el capitán retirado del Ejército está investigado en una decena de procesos que tramitan en la Justicia ordinaria y en otros cinco que están en la Corte Suprema.
Uno de ellos investiga el asalto de miles de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes el pasado 8 de enero, con la intención de forzar un golpe de Estado contra Lula.
