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El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, renunció al cargo a raíz del escándalo de los abusos sexuales y sicológicos en albergues de menores y expresó que espera que esta decisión contribuya "a la reflexión de todos los panameños con miras a trabajar en procura de un mejor país".
Ulloa publicó un vídeo en Youtube en el que leyó su carta de "renuncia irrevocable" a partir del 1 de marzo al cargo de procurador general (fiscal general), que asumió el 2 de enero de 2020 para un período de cinco años.
"Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña", argumentó Ulloa en su carta de renuncia.
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Esto "obliga a tomar decisiones que evidencien esta realidad y que nos lleve como país de una manera seria y responsable a la búsqueda de una transformación del sistema de tal manera que el mismo responda al clamor de justicia de nuestra sociedad", agregó.
El analista y constitucionalista Ernesto Cedeño dijo que en su opinión Ulloa "no hizo la diferencia en el ejercicio del cargo" de fiscal general, tomando en cuenta que en Panamá "no hay certeza del castigo" y se "requiere una reingeniería del sistema judicial, que tiene entre sus pilares al Ministerio Público".
"La crítica ciudadana no debió motivar una renuncia de un alto cargo. Uno debe aprender a rendir cuentas y además, debió proponer cambios en el sistema y no hemos sabido que lo haya hecho", añadió.
Ulloa dimite en medio del escándalo de los albergues de menores y sin dar solución de salida judicial a, entre otros, los casos de corrupción de las multinacionales Odebrecht y FCC, por los que apenas hay dos personas en prisión condicional, entre varios decenas de investigados e imputados, incluidos dos expresidentes.
Conmoción
Decenas de menores fueron abusados sexualmente y maltratados física y sicológicamente desde 2015 en al menos 14 albergues supervisados por el Estado, en donde se identificaron condiciones "infrahumanas", según un informe parlamentario revelado hace más de dos semanas.
La diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Parlamento, dijo que "los abusos los cometían los mismos internos" en los albergues y que también hay "niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos".
Este caso ha conmocionado al país y generado constantes protestas en las que se exige justicia y se acusa a las autoridades de inacción o de intentar supuestamente tapar el problema, porque no se ha destituido a nadie ni hay presos.
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La Fiscalía dijo este miércoles, antes de conocerse la renuncia de Ulloa, que investigará a los "54 albergues" en todo el país, y reiteró que hay ocho investigaciones abiertas a nivel nacional.
Los albergues en Panamá están administrados por ONG y fundaciones, muchos de los cuales subsidios públicos, y deben ser supervisados por la estatal Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
