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Una familia fue desalojada de una vivienda que le había asignado el gobierno venezolano supuestamente por burlarse de un "atentado" contra el presidente Nicolás Maduro, denunciaron los afectados y una ONG.
"Ellos dicen que mi esposo y yo nos burlamos del atentado contra Nicolás Maduro y que no merecíamos vivir en un complejo chavista", dijo este lunes Limbania Ramírez.
La organización de derechos humanos Provea, que denunció inicialmente el caso, asegura que la familia "fue desalojada arbitrariamente (...), sin orden judicial".
Ramírez vivió hasta el pasado jueves con su esposo, y ocasionalmente con un hijo de éste de 15 años, en un apartamento construido en predios del mayor complejo militar del país.
Según su versión, el desahucio fue realizado por la jefa del gobierno de Caracas, la oficialista Carolina Cestari, y civiles armados a quienes acusa de haberla amenazado.
Cestari no se ha referido al caso, que la plataforma opositora Frente Amplio denunció como "terrorismo de Estado".
Empleada pública de 43 años, Ramírez cuenta que tras el supuesto ataque con dos drones cargados de explosivos, el 4 de agosto, compartió varios memes en un chat de Whatsapp de los vecinos del edificio.
Una de las ilustraciones se mofaba de militares que salieron corriendo tras las explosiones, rociados por insecticida.
"No estaba hablando mal, no le estaba deseando la muerte al presidente (...) Los venezolanos agarramos las cosas a chiste", se defendió la mujer.
De acuerdo con la ONG, las autoridades alegan que Ramírez usaba el apartamento para vender dólares -lo que está prohibido por un control cambiario- y bolívares, en grave escasez. También la acusan de usar su casa como "restaurante". Ella lo niega.
Ramírez recibió el apartamento en 2015 en el marco de Misión Vivienda, programa mediante el cual el gobierno asegura haber adjudicado más de dos millones de unidades a familias pobres a precios altamente subsidiados.
La oposición denuncia que el gobierno no entrega títulos de propiedad sobre esos inmuebles, y los utiliza como mecanismo de control social.
Pero Ramírez conserva documentos que según ella demuestran que pagó el inmueble.
"No es la primera vez que pasa esto en Ciudad Tiuna. Una vez desalojaron a una señora con dos menores a medianoche por tocar cacerolas" contra Maduro, comentó.
Por lo pronto, intenta denunciar el caso en la Fiscalía y que un juez le otorgue una medida de amparo. Desde el desalojo duerme en un motel.
