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La democracia brasileña vivió este jueves un día sin precedentes. La jueza Cármen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal (STF), emitió un voto decisivo para condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete de sus antiguos aliados por intento de golpe de Estado, crimen organizado, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Con esta postura, la Primera Sala del Tribunal formó una mayoría de 3 a 1 a favor de la condena, lo que convierte a Bolsonaro en el primer exmandatario de la historia de Brasil en ser condenado por intentar derrocar la institucionalidad democrática.
Además del expresidente, fueron declarados culpables figuras clave de su administración y de las Fuerzas Armadas: Almir Garnier (excomandante de la Armada), Anderson Torres (exministro de Justicia), Augusto Heleno (exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional), Mauro Cid (exayudante de campo de la Presidencia), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa), Walter Braga Netto (exjefe del Estado Mayor y ministro de Defensa) y Alexandre Ramagem (exdirector de la Abin).
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“Un plan progresivo y sistemático”
Al sustentar su voto, la ministra Cármen Lúcia aseguró que existen “pruebas concluyentes” de que Bolsonaro encabezó un grupo que intentó abolir el Estado democrático de derecho. “Las pruebas recabadas demuestran materialmente la existencia de violencia y una grave amenaza para las instituciones del país”, afirmó.
La Fiscalía General presentó documentos y testimonios que describen un plan progresivo y sistemático para atacar la institucionalidad con el objetivo de impedir la alternancia legítima del poder tras las elecciones de 2022.
El magistrado Cristiano Zanin, quien se sumó a la mayoría, sostuvo que “la estabilidad de la organización y la dirección de sus acciones antes y después de las elecciones de 2022 revela la continuidad del proyecto en torno al objetivo más amplio de mantener un grupo específico en el poder, independientemente de la voluntad popular”.
Un fallo dividido
El único voto disidente provino del juez Luiz Fux, quien defendió la absolución del expresidente. Fux argumentó que no existen pruebas directas que vinculen a Bolsonaro con el llamado “plan Daga Verde y Amarilla”, que incluía atentados contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes. Según su interpretación, “culpar al expresidente de un golpe sentaría un precedente peligroso para la rendición de cuentas de los políticos”.
No obstante, Fux admitió la responsabilidad de algunos excolaboradores, como Braga Netto y Mauro Cid, aunque abogó por penas menores para otros militares y exministros.
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Moraes y Dino señalan a Bolsonaro como líder del complot
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, fue contundente al señalar a Bolsonaro como “líder de la organización criminal” que se valió de recursos estatales y del apoyo de militares para intentar mantenerse en el poder. Recordó declaraciones del propio exmandatario, quien en 2022 aseguró que solo dejaría la presidencia “arrestado, muerto o victorioso”.
Por su parte, el ministro Flávio Dino enfatizó que los delitos cometidos son “inequívocamente inamnistiables”, enviando un mensaje directo al Congreso, que estudia una posible amnistía para condenados por los actos del 8 de enero de 2023.
Consecuencias históricas
El fallo, que deberá ser completado con la definición de las penas, abre un capítulo inédito en la historia política de Brasil. Las condenas podrían alcanzar hasta 43 años de prisión.
Más allá del futuro judicial de Bolsonaro, la decisión del STF marca un antes y un después en la jurisprudencia brasileña: nunca antes un expresidente había sido responsabilizado penalmente por un intento de golpe contra el Estado de derecho.
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