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Un fiscal imputó este viernes al expresidente argentino Mauricio Macri y a quien fuera titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su Gobierno, Gustavo Arribas, entre otros exfuncionarios, por supuesto espionaje ilegal en su mandato.
El fiscal Jorge di Lello hizo lugar a una denuncia presentada esta semana por la actual jefa de la AFI, Cristina Caamaño, nombrada en el cargo por el Gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre pasado tras vencer en las urnas a Macri.
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Según expresa el procurador en su dictamen de imputación, que ya envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi -a quien corresponderá confirmar o desestimar la apertura de la investigación-, la denuncia se dirige contra, en primer lugar, personas que resultarían agentes de inteligencia, cuyos nombres se mantienen en reserva.
También, además de contra Macri y Arribas, a la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani y el exjefe de gabinete del organismo, Darío Alberto Biorci.
Información de políticos y periodistas
La denuncia fue interpuesta tras el hallazgo de un disco rígido en el marco "de las tareas de revelamiento de información" de la agencia de inteligencia.
En ese disco, "se habrían encontrado rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política" del país, como periodistas, dirigentes políticos y fuerzas policiales.
"Al mismo habrían accedido personas con credenciales, según manifiesta la denunciante, no pudiendo determinar dicho organismo con exactitud el área en la que se utilizaba el dispositivo", añade el texto.
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En la denuncia que presentó Caamaño, se remarca que "al analizar el dispositivo surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, razón por la cual fue posible restablecerla con algunas falencias".
"A través de la recuperación de datos, se pudo detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles 'pen drives' en los cuales se había realizado un proceso sistemático de recolección de información correspondiente a los correos electrónicos privados de numerosas personas vinculadas a la actividad política entre otros", agrega.
La denuncia afirmaba, según el dictamen de Di Lello, que la información supuestamente recopilada era utilizada "con la finalidad de producir inteligencia ilegal", ya que "no obran registros en la AFI que esas tareas hayan sido ordenadas por algún juez, o autoridad competente".
Entre los cerca de 90 nombres que figuran en la lista de presuntos espiados están figuras como el diputado Mario Negri (en ese momento oficialista), el periodista Luis Majul, el sindicalista Héctor Daer, la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la extitular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno macrista, Laura Alonso.
