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Un caso de supuesta corrupción por el sobreprecio en la compra en España de respiradores para enfermos de COVID-19 derivó este miércoles en una investigación judicial en Bolivia, con cuatro funcionarios arrestados y el ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, que tuvo que declarar ante la Policía.
Los respiradores para unidades de terapia intensiva llegaron la pasada semana en un vuelo especial desde la ciudad española de Barcelona y eran distribuidos por hospitales de Bolivia hasta que se conoció que su costo puede triplicar el precio real, tras lo que fueron detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud y la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, compareció en televisión con un breve pero firme mensaje contra la corrupción.
La Fiscalía y el Parlamento bolivianos anunciaron comisiones de investigación para estudiar si hubo responsabilidades penales y políticas, respectivamente.
Las detenciones que por ahora han trascendido son las de cuatro funcionarios del Ministerio y una agencia estatal de Salud, uno de ellos responsable del área jurídica, investigados por supuesta "adquisición irregular" en espera de "definir su situación procesal", según la Fiscalía General del Estado.
Las oficinas del área jurídica fueron precintadas, tras secuestrarse documentación, además de investigarse si hubo participación de diplomáticos de Bolivia en España y de pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra con unos cinco millones de dólares, de acuerdo a la Fiscalía.
Los equipos fueron adquiridos a algo más de 27.000 dólares cada uno, unos 500 en total de los que 170 ya llegaron al país, tras lo que comenzaron las críticas porque su precio real puede ser tres veces menor y porque que solo valdrían para emergencias, no para terapia intensiva.
El ministro interino de Salud fue llevado a declarar por la Policía Boliviana a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, con versiones contradictorias de que acudía por su voluntad o por estar procesado.
Sin embargo, desde sectores como el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales se apunta a más responsables políticos, al margen de los funcionarios investigados, entre los que se cita a Mohammed Mostajo-Radji, nombrado por Áñez como embajador científico de Bolivia.
Evo Morales, que está en Argentina, pidió en Twitter que se investigue a las autoridades que autorizaron la compra, "no a chivos expiatorios", y desde su partido se pide responsabilidades al consulado de Bolivia en Barcelona.
Desde que Áñez asumió el poder de forma interina en noviembre pasado hubo otras denuncias de corrupción, con intervención en empresas estatales, entre otros casos, pero este escándalo salta en un momento de descontento en parte del país por la prolongación de la cuarentena contra el coronavirus, ampliada a final de mes, y la demora en las elecciones, que estaban fijadas para el 3 de mayo pero se aplazaron sin fecha.
