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Este jueves, la alianza de organizaciones pro derechos LGBTI de América Latina y el Caribe, 'Sin Violencia LGBT’, presenta en El Salvador un informe con cifras alarmantes sobre asesinatos a personas de esta comunidad en la región.
El informe se llama “El prejuicio no conoce fronteras” y su nombre es justamente porque el 30 % de los asesinatos se han dado por prejuicio; además, la mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 25 años.
En Colombia, entre 2014 y 2019, han sido asesinadas 542 personas, esto es el 43 % del total de muertes. En lo que va corrido de 2019 ya han muerto 11 personas, pero los peores años fueron 2015 y 2017 cuando murieron 113 y 110 personas, respectivamente.
Marcela Sánchez, directora de 'Colombia diversa' una de las organizaciones que hace parte de la red de países que realizó la investigación, señala como "paradógicas las cifras" teniendo en cuenta que Colombia tiene muchos avances legales en reconocimiento a la igualdad y dignidad de las personas LGBTI y tiene muchos avances en políticas públicas.
A Colombia le sigue México, con 402 muertes en estos 5 años. Su peor momento fue en 2017, cuando se registraron 92 asesinatos.
Y luego está Honduras con 164 muertes. Pero, aunque parecería mucho inferior a los primeros dos países, este último sería el de la peor situación teniendo en cuenta el número de habitantes que son poco más de nueve millones de personas.
Brasil, por su parte, acaba de entrar al análisis de esta alianza y en un próximo informe se presentará su situación, pero los datos preliminares, dados por la organización brasileña ANTRA, dicen que los asesinatos podrían llegar a 1.650 en los últimos cinco años.
Este estudio mostraría "el desinterés de los Estados, que se traduce en elevados índices de impunidad, falta de registros con enfoque diferencial de género y ausencia de políticas públicas de prevención y protección. Lo anterior permite la exigibilidad del derecho a la vida de las personas LGBTI a través de la incidencia tanto nacional como regional”, según dice Claudia Gómez, experta en asuntos de género y coordinadora regional de dicho tema en la agencia de cooperación internacional de Diakonia.
Marcela Sánchez señala también que las cifras buscan que los Estados "hagan un esfuerzo por capacitar a su sistema judicial, que empieza desde la policía judicial, que recoge las pruebas de los homicidios, luego la fiscalía que imputa cargos y los jueces que sancionan a los perpetrados". Esto es "para que haya sentencias ejemplares, aunque reconocemos que la solución no está solo en el incremento de penas, sino en la prevención".
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En El Salvador están presentes 10 organizaciones de la sociedad civil que conformaron la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe y su Observatorio -SinViolencia LGBTI-, con el objetivo de recopilar información útil para formular, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas.
