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La Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una alerta por los avances en la creación de los pilotos de fracking en el país, en plena pandemia de coronavirus.
En el documento enviado a Paulo Abrão, secretario Ejecutivo de la Comisión, se señala que la ciudadanía no ha podido participar en esa creación de proyecto por la contingencia y confinamiento generado por la pandemia.
“Nos preocupa que en estas épocas de pandemia, en momentos en que las regiones no tienen acceso ni conectividad a internet y no hay actividades presenciales, se avance y se pretenda que las organizaciones de las regiones participen cuando eso es técnicamente imposible”, dijo Carlos Santiago, vocero de Colombia Libre de Fracking.
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Desde el Gobierno señalan que han garantizado la participación, incluso han fijado las condiciones para adelantar los diálogos con las comunidades en las áreas de influencia.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, ha dicho que el trabajo constante y arduo para cumplir todas las condiciones. “Hemos venido haciendo un trabajo riguroso desde que se convocó esa comisión de expertos, implementando esas recomendaciones, que era hacer proyectos piloto de investigación integral”, sostuvo.
Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que no es suficiente, porque en los primeros meses de época de pandemia fue imposible interponer algún recurso contra el decreto 328 que materializa los avances para los proyectos piloto de investigación.
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“Solicitamos al Secretario Ejecutivo de la Comisión que se pronuncie y le pida al Gobierno colombiano que no siga avanzando en los proyectos piloto sin garantías de acceso a la información, ni garantías de acceso a la justicia”, sostuvo Santiago.
El decreto fue expedido en febrero y su reglamentación en marzo, pero solamente hasta el pasado 1 de julio, cuando se levantó la suspensión de términos judiciales por el coronavirus, las organizaciones lograron interponer, ante el Consejo de Estado, un incidente de desacato, “argumentando que el Gobierno Nacionalno está cumpliendo con las condiciones dadas por el alto tribunal para avanzar con los proyectos”.
En el desacato afirman que el decreto “no habla sobre los impactos ambientales de la industria de los hidrocarburos, no contempla estándares legales para el acceso a la información y no contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del Comité de Expertos”.
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