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La Fiscalía Anticorrupción de España investiga si la aerolínea Plus Ultra desvió el rescate público de 53 millones de euros (220 mil millones de pesos colombianos) otorgado por el Gobierno español tras la pandemia para blanquear fondos procedentes de Venezuela a través de Francia, Suiza y España, según consta en una investigación que permanece bajo secreto de sumario a la que accedió el diario El País. La causa se reactivó este jueves con el registro de la sede de la compañía y la detención de su presidente, Julio Martínez, y de su consejero delegado, Roberto Roselli.
La denuncia fue presentada inicialmente ante la Audiencia Nacional, pero este órgano rechazó asumirla por falta de competencia, no por inexistencia de indicios delictivos. A raíz de ello, Anticorrupción se dirigió al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ya había investigado el rescate de Plus Ultra y había archivado provisionalmente la causa. La aparición de nuevos indicios permitió ahora su reapertura.
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en solicitudes de cooperación internacional recibidas el año pasado desde Francia, a través del Parquet National Financier, y desde Suiza, por medio de la Fiscalía de Ginebra. Ambos países solicitaron autorización para entradas y registros en domicilios situados en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca, al indagar una red de blanqueo de capitales vinculada a Venezuela con ramificaciones en España.
Plus Ultra tiene operación en Colombia. La aerolínea tiene frecuencia de vuelos tres veces a la semana en la ruta Bogotá-Madrid.
Uso indebido del rescate y presuntos pagos encubiertos
Con esta información, la Fiscalía concluyó que Plus Ultra habría realizado un presunto “uso indebido” de las ayudas públicas, aprobadas por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, y que los fondos se destinaron en realidad a saldar créditos previamente suscritos. Según documentación, la aerolínea figura como “firmante y beneficiaria de contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en ventas de oro”.
Anticorrupción sostiene que el rescate se utilizó para devolver dinero adeudado y que su finalidad real era el blanqueo de ingresos opacos, posiblemente mediante operaciones de compraventa de relojes de lujo. La Fiscalía señala que los desvíos se produjeron en “fechas consecutivas a la recepción” del rescate hacia cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades de la red investigada.
La denuncia fue presentada el 21 de octubre del año pasado por la institución dirigida por el fiscal jefe Alejandro Luzón, en paralelo a otras grandes investigaciones en curso. Se dirigía contra tres personas de origen peruano, dos venezolanos, un ciudadano de Países Bajos y al menos un abogado español, a quienes se considera integrantes de una “organización criminal”.
Fondos públicos venezolanos y ramificaciones internacionales
Según la Fiscalía, la actividad del grupo consistía en el blanqueo de “fondos ilícitos” procedentes de malversaciones cometidas en Venezuela por “funcionarios públicos”. En concreto, se citan fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y recursos obtenidos mediante la venta de oro del banco central venezolano.
La Audiencia Nacional descartó investigar el caso al considerar que no reunía los requisitos competenciales de ese tribunal. Sin embargo, la Sala de lo Penal instó a Anticorrupción a acudir al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, donde el asunto había sido archivado de forma provisional, permitiendo su reactivación si aparecían nuevos indicios, como finalmente ocurrió.
La magistrada Esperanza Collazos había archivado la causa en 2023 por un error en los plazos de prórroga de la instrucción. En aquellas diligencias participaban Vox, el PP y Manos Limpias, que cuestionaban si Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir el rescate y si parte del dinero había terminado en pagos a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El Gobierno calificó a Plus Ultra como empresa “estratégica” para justificar la ayuda concedida a través de la SEPI, pero los peritos judiciales advirtieron que la compañía presentaba indicios de insolvencia y riesgo de cierre desde 2019, lo que habría impedido legalmente el acceso a la inyección de fondos públicos.
Fuentes de la investigación indican que la red utilizó sociedades instrumentales para adquirir inmuebles, así como contratos de préstamo con Plus Ultra que fueron íntegramente reembolsados. La denuncia también menciona la venta de oro por unos 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes Unidos y el envío de fondos a cuentas en Panamá.
Algunos de los clientes de la red investigada cuentan con antecedentes policiales en España y otros están imputados en causas de la Audiencia Nacional. Más allá de Martínez y Roselli, el resto de implicados no ha trascendido debido al secreto de sumario, aunque la Fiscalía aprecia indicios de “defraudación al Estado”.
