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Washington se prepara para un septiembre cargado de tensiones políticas. Tras un receso de un mes, el Congreso estadounidense regresa este martes con una agenda marcada por el riesgo de cierre del gobierno, la pugna por los archivos de Jeffrey Epstein y una dura disputa en torno a los nominados del presidente Donald Trump.
El primer desafío tiene fecha límite: el 30 de septiembre, cuando expira la financiación federal. La ausencia de un acuerdo bipartidista amenaza con provocar un cierre que podría paralizar a la administración. En el Senado, se requieren 60 votos para cualquier proyecto de ley, lo que obliga a pactar entre ambos partidos. Sin embargo, lejos de acercarse posiciones, las divisiones se profundizan.
La Casa Blanca tensó aún más la situación el pasado viernes al notificar que planea recortar 4.900 millones de dólares en fondos federales mediante una “rescisión de bolsillo”, medida calificada de “ilegal” por la Oficina de Rendición de Cuentas del Congreso. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, denunció que Trump y los republicanos están “empeñados en rechazar el bipartidismo y actuar por su cuenta”. Desde el propio Partido Republicano surgieron críticas: la senadora Susan Collins advirtió que “cualquier intento de rescindir fondos sin aprobación del Congreso es una clara violación de la ley”.
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En paralelo, el Capitolio enfrenta un inusual frente bipartidista: la presión para forzar al Departamento de Justicia a liberar los archivos de Epstein, unas 100.000 páginas de documentos vinculados al caso del financista acusado de tráfico sexual de menores. La iniciativa, encabezada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, será presentada con una conferencia de prensa junto a víctimas de Epstein. “Los testimonios de las víctimas serán explosivos”, adelantó Khanna, quien confía en alcanzar las 218 firmas necesarias para forzar la votación en la Cámara.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha calificado la propuesta de “innecesaria”, alegando que el Comité de Supervisión ya revisa parte de los documentos. No obstante, los impulsores aseguran que el Departamento de Justicia se mueve con lentitud y que la presión pública es esencial.
A este clima se suma otra batalla: un renovado esfuerzo bipartidista para prohibir a legisladores y sus familias la compraventa de acciones. El proyecto, conocido como Ley ETHICS, busca evitar conflictos de interés y ha sumado patrocinadores de ambos partidos. “Los miembros del Congreso deberían servir al público, no inflar sus carteras”, señaló el demócrata Raja Krishnamoorthi, impulsor de la medida en la Cámara. Aunque el apoyo crece, el peso de los intereses personales convierte su aprobación en una empresa cuesta arriba.
En el Senado, los republicanos preparan la llamada “opción nuclear” para cambiar las reglas y acelerar la confirmación de nominados de Trump a cargos de subgabinete. El jefe de disciplina republicano, John Barrasso, acusó a los demócratas de un bloqueo sin precedentes. Schumer respondió que “los candidatos históricamente malos merecen un nivel histórico de escrutinio”, recordando los despidos recientes de funcionarios como la exdirectora de los CDC, Susan Monarez, apenas semanas después de ser confirmada.
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El despido de Monarez y el papel del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., han reavivado las denuncias de manipulación política de datos sanitarios y el avance de una agenda antivacunas dentro de la administración Trump. El senador Bill Cassidy, presidente republicano del comité de salud, prometió supervisión, mientras se distancia de las posturas más radicales de sus colegas.
