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La administración del presidente Donald Trump ha emitido una nueva directriz que instruye a los funcionarios consulares de Estados Unidos a considerar la obesidad y otras enfermedades crónicas, como el cáncer, la diabetes y las afecciones cardíacas, como posibles razones para denegar visas a solicitantes extranjeros.
El cambio fue detallado en un cable diplomático fechado el 6 de noviembre y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio. La medida amplía los controles médicos más allá de las enfermedades contagiosas, otorgando a los funcionarios de visas mayor discrecionalidad para rechazar solicitudes bajo el principio de “carga pública”, que niega el ingreso a personas que podrían representar un gasto significativo para el sistema de salud estadounidense.
“Deben tener en cuenta la salud del solicitante”, indica el cable. “Ciertas afecciones médicas —entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales— pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”. La guía menciona de forma específica la obesidad, señalando que puede derivar en apnea del sueño, hipertensión arterial y depresión clínica, condiciones que podrían implicar un alto costo de tratamiento.
De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado, el documento fue redactado por altos cargos políticos sin pasar por los canales de revisión habituales, que incluyen la evaluación de funcionarios de carrera. Un diplomático que recibió el cable, citado bajo condición de anonimato, aseguró que “la dirección del Departamento de Estado ha estado muy activa buscando nuevas formas de denegar la entrada de extranjeros o ralentizar el sistema”.
La nueva política se aplicará tanto a visas temporales —como las H-1B para trabajadores especializados— como a solicitudes de residencia permanente por motivos laborales o familiares. Los refugiados y solicitantes de asilo están exentos formalmente, aunque la administración Trump ha reducido drásticamente esos programas desde su regreso al poder.
El abogado de inmigración Vic Goel, radicado en Virginia, advirtió que la medida “otorga a los funcionarios consulares una amplia discreción para denegar visas basándose en afecciones comunes que nunca se habían considerado motivo de descalificación”. En su opinión, la norma vincula por primera vez de forma explícita la salud del solicitante con el costo estimado de su atención médica durante toda su vida.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly defendió la decisión, asegurando que “durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a quienes representen una carga financiera para los contribuyentes estadounidenses”. Agregó que “la administración del presidente Trump finalmente está aplicando esta política en su totalidad y priorizando a los estadounidenses”.
El cable también instruye a los consulados a evaluar otros factores como la edad del solicitante, el número de dependientes y la existencia de discapacidades o necesidades especiales dentro de su familia. Según la Organización Mundial de la Salud, el 16% de los adultos en el mundo eran obesos en 2022, y el 14% padecía diabetes, cifras que sugieren un alto número de potenciales solicitantes que podrían verse afectados por la nueva política.
Para el exfuncionario de inmigración Steven Heller, actualmente abogado en el Reino Unido, la medida “da a los oficiales más motivos para no expedir un visado”. En su opinión, la administración Trump está ampliando los límites legales del concepto de “carga pública” al incluir enfermedades crónicas comunes dentro de los criterios de inadmisibilidad.
