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La administración de Donald Trump está evaluando seriamente la posibilidad de lanzar ataques con drones contra cárteles de la droga en México, como parte de un ambicioso esfuerzo para frenar el tráfico de narcóticos en la frontera sur, revelaron seis funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas armadas, la inteligencia y agencias de seguridad estadounidenses al medio estadounidense NBC News. Las deliberaciones, que se mantienen en una fase preliminar, han incluido ataques dirigidos contra líderes criminales y sus redes logísticas dentro del territorio mexicano, con o sin la cooperación del gobierno de México.
"Buscan construir una plataforma de vigilancia", indicó uno de los exfuncionarios familiarizados con los planes, al referirse al aumento de vuelos de reconocimiento estadounidenses sobre suelo mexicano, aprobados por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Según las fuentes, la lista de posibles objetivos incluiría operativos del narco, vehículos, almacenes y otras instalaciones clave.
Pese a que el gobierno de EE. UU. no ha tomado una decisión final, la posibilidad de acciones unilaterales encubiertas no ha sido descartada. Ronald Johnson, nominado por Trump como embajador en México, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han reiterado que "todas las cartas están sobre la mesa". Ambos han dejado entrever la posibilidad de actuar sin el consentimiento mexicano si se considera necesario.
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Esta línea de acción se apoya en una designación previa de Trump, que clasificó a seis cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que ha ampliado el margen legal para llevar a cabo operaciones encubiertas y de inteligencia. Derek Maltz, actual director interino de la DEA, señaló que la designación "ha abierto un conjunto de nuevas herramientas" y afirmó: "Es su país, y obviamente creemos en las alianzas sólidas. Dicho esto, en algún momento se trata de la seguridad de nuestros niños".
En declaraciones a NBC Nightly News, Cheri Oz, jefa de la DEA en Phoenix, afirmó: "No nos estamos poniendo los guantes", y celebró lo que consideró un nuevo impulso en la lucha antinarcóticos tras la llegada de Trump al poder. “Están en plena crisis”, agregó en referencia al desorden interno que atraviesan los cárteles, según la inteligencia estadounidense.
México coopera, pero también advierte
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado disposición a colaborar, permitiendo vuelos de vigilancia de la CIA, según reconocieron fuentes de ambos gobiernos. Además, su administración ha enviado 10.000 soldados a la frontera norte y extraditado recientemente a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero.
No obstante, Sheinbaum ha advertido contra posibles abusos de Washington. Luego de que Trump declarara a los cárteles como grupos terroristas, la mandataria mexicana rechazó cualquier acción unilateral, reflejando la persistente sensibilidad mexicana ante cualquier signo de intervención extranjera.
"Siempre ha habido un alto nivel de sospecha por parte de las autoridades mexicanas hacia Estados Unidos", dijo un exdiplomático estadounidense que participó en conversaciones bilaterales. “Y últimamente no les hemos dado motivos para creer lo contrario”.
El ex embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, fue contundente: "Sin duda, si se tomara una acción unilateral dentro de México, la relación bilateral se desplomaría. Sería un desastre total, ya que representaría una violación del derecho internacional y un acto de guerra". Sarukhán responsabilizó a México de haber perdido terreno en la lucha antidrogas: "Al final del día, son las fallas y los errores de México los que nos han puesto en esta posición hoy".
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Los sectores más duros del gobierno estadounidense creen que la presión militar sobre los cárteles puede hacer que reconsideren el costo de seguir traficando fentanilo. Sin embargo, exfuncionarios como Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, advierten que no hay blancos claros para drones, ya que el fentanilo se fabrica en laboratorios rudimentarios y se trafica principalmente a través de ciudadanos estadounidenses.
"No es un problema militar. Es más bien un problema de aplicación de la ley", explicó Vigil. Por su parte, la experta del Brookings Institution, Vanda Felbab-Brown, subrayó los riesgos: "Lanzar bombas es tentador, pero no consigue gran cosa y conlleva enormes riesgos".
Pese a las dudas, la administración Trump se mantiene firme en su enfoque. Una fuente de la DEA que trabajó en el gobierno de Biden señaló: "Dejando la política a un lado, Trump no está bromeando con esto", y añadió que el temor a represalias económicas podría empujar a México a aceptar operaciones conjuntas que antes habría rechazado.
La discusión sobre hasta dónde llegar en la persecución de los cárteles está lejos de terminar. Pero por primera vez desde la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914, una acción militar directa en México vuelve a ser una posibilidad tangible, con todas las implicaciones históricas y diplomáticas que ello conlleva.
