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Colombia llega a la determinación anual antidrogas de Estados Unidos con un escenario diferente al de 2025, aunque todavía enfrenta indicadores relacionados con los cultivos de coca y la producción potencial que no han cambiado de manera sustancial.
De acuerdo con el análisis elaborado por la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, el presidente de Estados Unidos debe remitir al Congreso, a más tardar este martes 15 de septiembre, la determinación anual sobre los principales países productores o de tránsito de drogas y señalar cuáles, si alguno, incumplieron de manera demostrable sus obligaciones antidrogas durante los 12 meses anteriores.
El documento precisa que la fecha corresponde al envío al Congreso y no necesariamente a la publicación de la decisión. También señala que una determinación negativa puede ser revisada posteriormente si el país demuestra esfuerzos sustanciales para corregir el incumplimiento.
El calendario incluido por AmCham establece que el 15 de septiembre se confirma la denominada Majors List y se designan los países que hayan “fallado demostrablemente”. El 1 de octubre comienza el año fiscal estadounidense y entrarían en vigor las restricciones correspondientes, mientras que la designación vence el 30 de septiembre siguiente, salvo que exista una nueva determinación.
La decisión de este año tiene como antecedente la determinación de 2025, cuando Colombia fue incluida entre los países que habían “failed demonstrably”, aunque Estados Unidos mantuvo la asistencia mediante una excepción por interés nacional.
Qué cambió desde el 7 de agosto
Uno de los principales elementos que identifica AmCham para la evaluación de 2026 es el cambio en la orientación política y operacional del Gobierno colombiano desde el 7 de agosto.
El documento señala que la determinación estadounidense de 2025 atribuyó el incumplimiento al liderazgo político de entonces, al tiempo que reconoció la capacidad y el compromiso de las instituciones colombianas encargadas de combatir el narcotráfico.
También dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la designación si Colombia incrementaba la erradicación de coca, reducía la producción y el tráfico de cocaína y fortalecía la cooperación con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los responsables.
En ese contexto, AmCham registra las acciones desarrolladas desde el 7 de agosto:
- Más de 1.300 hectáreas de coca erradicadas durante el primer mes.
- Cerca de 50 toneladas de narcóticos incautadas entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre.
- 162 infraestructuras utilizadas para producir drogas destruidas o inhabilitadas durante los primeros 15 días.
- 1.574 capturas vinculadas al narcotráfico.
- 23 cabecillas neutralizados.
- 81 bienes ocupados, con un avalúo cercano a $71.886 millones.
- Más de 30 extradiciones firmadas y reactivación de entregas a Estados Unidos que estaban suspendidas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció públicamente este cambio de trayectoria durante su visita a Colombia. Según recoge el informe de AmCham, afirmó: “Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que vimos posiblemente en cuatro años”.
Rubio también señaló que, si Colombia mantiene esta trayectoria, podría producirse un cambio en la certificación. Para AmCham, esta declaración adquiere relevancia porque se produjo pocos días antes de la determinación anual.
Los cultivos de coca siguen siendo el principal problema técnico
El cambio de orientación política no significa que los indicadores estructurales del narcotráfico hayan cambiado en pocas semanas.
El informe señala que la última medición oficial disponible registra aproximadamente 261.000 hectáreas sembradas con coca al cierre de 2024, un aumento de 3,5% frente a 2023.
En materia de erradicación manual, Colombia cerró 2025 con 8.051 hectáreas, 14% menos que en 2024. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 1.832 hectáreas erradicadas, 85% más que un año atrás.
El balance de 2020 a 2025 muestra la diferencia entre la reducción de cultivos y el aumento de la interdicción.
El área con coca pasó de 142.784 hectáreas en 2020 a 261.386 en 2024, un incremento de 83%. En contraste, la erradicación manual cayó de 130.147 hectáreas en 2020 a 8.051 en 2025, una reducción de 94%. La aspersión aérea se mantuvo en cero.
Al mismo tiempo, las incautaciones de cocaína y pasta/base de coca pasaron de cerca de 580 toneladas en 2020 a 1.056,3 toneladas en 2025, un incremento de 82%.
AmCham advierte que el aumento de las incautaciones demuestra capacidad de interdicción, pero no significa por sí mismo que se haya reducido el negocio del narcotráfico. El análisis plantea que, cuando las incautaciones aumentan al mismo tiempo que la base productiva, parte de ese crecimiento puede estar relacionado con una mayor disponibilidad de droga para transportar.
La estrategia antidrogas de Estados Unidos amplió sus criterios
Otro cambio para la evaluación de 2026 está relacionado con la National Drug Control Strategy 2026, conocida como NDCS.
La estrategia estadounidense mantiene como prioridades para Colombia la reducción de los cultivos de coca y la desarticulación de las organizaciones criminales que se benefician de la producción de cocaína.
Pero incorpora otros elementos: producción en origen, interdicción, persecución de las finanzas ilícitas, inteligencia, control de precursores químicos y seguridad de las cadenas de suministro.
Esto significa que la evaluación ya no se concentra exclusivamente en el número de hectáreas erradicadas o las toneladas de droga incautadas.
La NDCS también establece un Performance Review System, con líneas base y metas a dos y cinco años. Para Colombia, China, India y México se establece una meta de 48 reportes combinados al sistema PICS durante 2026, equivalentes a 12 por país, frente a 11 reportes combinados en 2024. Para 2029 la meta asciende a 208 reportes, 52 por país.
Estos reportes están relacionados con incautaciones de precursores, intentos de desvío, cargamentos detenidos y laboratorios ilícitos.
El sector privado entra de manera más directa en la estrategia
Uno de los puntos que AmCham identifica como una de las novedades de mayor alcance para las empresas colombianas es la incorporación más explícita del sector privado dentro del marco de la NDCS.
La estrategia busca que países fuente y de tránsito, entre ellos Colombia, desarrollen incentivos compatibles con los programas estadounidenses de comercio confiable para sectores como transporte marítimo, química, farmacéutica y logística.
La integridad de las cadenas de suministro se estructura sobre tres principios: mantener registros verificables de las entidades involucradas en el manejo de mercancías; aplicar procesos de debida diligencia sobre socios y clientes; y recolectar, estandarizar y verificar información.
Para Colombia adquieren relevancia los programas de Operador Económico Autorizado (OEA) y Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT).
El documento señala que el OEA es administrado en Colombia por la DIAN y que desde 2023 existe reconocimiento mutuo entre los programas OEA y CTPAT, lo que permite facilitar el comercio de empresas que cumplan determinados estándares de seguridad, trazabilidad y cumplimiento.
La NDCS establece además metas globales para la participación empresarial. El número de empresas químicas y farmacéuticas vinculadas a CTPAT tiene una línea base de 428 en 2024 y una meta de 445 para 2026. Para agentes de carga consolidadores en CTPAT, la meta pasa de 769 a 800.
La tercera medida contempla empresas cubiertas por acuerdos de reconocimiento mutuo entre programas OEA extranjeros y la autoridad aduanera estadounidense CBP: la línea base de 2024 es de 23.142 empresas, con una meta de 24.068 en 2026 y 25.465 en 2029.
Qué puede decidir Washington sobre Colombia
El análisis de AmCham plantea dos escenarios principales para la determinación de 2026.
El primero es retirar la designación negativa. Esto ocurriría si Washington considera que el cambio de política y las acciones ejecutadas por el nuevo Gobierno constituyen evidencia suficiente de una nueva trayectoria, aunque los indicadores estructurales todavía no hayan cambiado.
El segundo es mantener la designación de failed demonstrably, pero acompañarla nuevamente de una excepción por interés nacional.
AmCham considera que una descertificación sin excepción es el escenario menos consistente con las señales recientes de Washington.
La variable decisiva será el peso que Estados Unidos otorgue a los resultados acumulados durante los 12 meses evaluados frente al cambio de política y las acciones emprendidas desde el 7 de agosto.
El informe señala que técnicamente una nueva designación con excepción continúa siendo posible, mientras que la certificación es más viable que hace un año.
La descertificación no significa automáticamente el fin de la cooperación
La Sección 706 de la Foreign Relations Authorization Act mantiene el marco jurídico de la determinación anual.
Si un país es designado por haber “failed demonstrably”, la asistencia estadounidense cubierta por la norma puede verse restringida durante el siguiente año fiscal. Sin embargo, el presidente puede determinar que mantener esa asistencia es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.
La legislación tampoco implica la suspensión de toda la cooperación antidrogas, porque determinadas categorías de asistencia relacionadas directamente con el control de narcóticos y algunas ayudas humanitarias quedan excluidas de la definición aplicable.
El antecedente de 2025 muestra cómo opera esta excepción. Colombia fue designada, pero Estados Unidos determinó simultáneamente que mantener la asistencia era vital para sus intereses nacionales.
Según AmCham, esto permitió que la cooperación continuara y no se identificó un efecto atribuible a la descertificación sobre financiamiento multilateral, turismo o riesgo país.
Por eso, una nueva designación acompañada de una excepción no implicaría por sí misma una ruptura económica o de la cooperación bilateral. El principal efecto estaría relacionado con el componente político, reputacional y con la incertidumbre sobre futuras decisiones de asistencia.
El riesgo aumenta si Colombia recibe una segunda designación
El informe advierte que una segunda designación consecutiva tendría una consideración diferente.
La preocupación no estaría necesariamente en un impacto económico inmediato, sino en que la situación deje de ser interpretada como una consecuencia asociada al gobierno anterior y empiece a ser considerada como un problema estructural de Colombia.
La experiencia de 2025 muestra que una designación acompañada de una excepción por interés nacional tuvo un impacto económico directo limitado. Sin embargo, una segunda designación podría elevar el costo reputacional y afectar la percepción sobre la relación bilateral.
Las empresas enfrentan un escenario de mayores controles
El análisis también plantea que, independientemente de la decisión que Estados Unidos adopte este 15 de septiembre, el entorno de cumplimiento para las empresas ya cambió.
La NDCS y otras medidas estadounidenses amplían las herramientas contra organizaciones criminales, sus finanzas y las cadenas de suministro utilizadas para el tráfico.
Entre los aspectos señalados por AmCham están las designaciones de organizaciones como Foreign Terrorist Organizations, que pueden aumentar la exposición jurídica de quienes les proporcionen apoyo material; un mayor uso de sanciones financieras del Departamento del Tesoro y medidas de FinCEN; mayores exigencias de debida diligencia por parte de bancos y socios comerciales; y controles adicionales sobre las operaciones de comercio electrónico y mensajería.
El informe también destaca el fortalecimiento de la interdicción marítima y aérea en el Caribe, que para el comercio legal puede traducirse en mayores controles y requerimientos de trazabilidad en determinados corredores.
En este contexto, AmCham plantea que la trazabilidad, el conocimiento de las contrapartes, la seguridad de las cadenas de suministro, el control de proveedores y la participación en esquemas como OEA y CTPAT adquieren mayor importancia para las empresas colombianas.
El resultado de mañana no cierra el debate
El análisis de AmCham concluye que Colombia llega a la determinación de 2026 con una posición distinta a la del año anterior, pero que el cambio de orientación política registrado desde el 7 de agosto no alcanza para revertir en pocas semanas los indicadores acumulados durante varios años.
La decisión, según el documento, se concentra entre retirar la designación negativa o mantenerla con una nueva excepción por interés nacional.
En ambos casos, el resultado no resolverá el problema estructural de los cultivos de coca ni de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El documento resume que la prueba para Colombia comenzará después del 15 de septiembre: mantener el cambio de trayectoria, reducir la oferta de cocaína y debilitar de manera verificable la capacidad económica y operativa de las organizaciones criminales.
¿Qué decisión debe tomar Estados Unidos sobre Colombia el 15 de septiembre?
Estados Unidos debe remitir este 15 de septiembre al Congreso la determinación anual sobre los países productores o de tránsito de drogas y señalar cuáles incumplieron de manera demostrable sus obligaciones antidrogas. Para Colombia, los escenarios planteados son retirar la designación negativa de 2025 o mantenerla con una nueva excepción por interés nacional.
¿Qué cambió en Colombia para la evaluación antidrogas de 2026?
La evaluación antidrogas de 2026 incorpora el cambio de orientación del Gobierno desde el 7 de agosto, con más de 1.300 hectáreas de coca erradicadas, cerca de 50 toneladas de narcóticos incautadas, 1.574 capturas vinculadas al narcotráfico, 23 cabecillas neutralizados y más de 30 extradiciones firmadas.
¿Qué pasa si Estados Unidos vuelve a descertificar a Colombia?
Una nueva descertificación con excepción por interés nacional no implicaría por sí misma la suspensión de toda la cooperación ni un choque económico inmediato. Sin embargo, una segunda designación consecutiva podría aumentar el costo reputacional y generar una percepción de que el incumplimiento dejó de estar asociado únicamente con un gobierno y pasó a ser considerado un problema estructural.
¿Cómo afecta la decisión antidrogas de Estados Unidos a las empresas colombianas?
La decisión antidrogas de Estados Unidos se desarrolla junto con nuevas exigencias sobre trazabilidad, debida diligencia, control de proveedores y seguridad de las cadenas de suministro. Para las empresas colombianas adquieren mayor relevancia los programas OEA y CTPAT, mientras que la NDCS incorpora al sector privado en la protección de las cadenas utilizadas para el comercio internacional.
