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El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un nuevo informe nacional sobre terrorismo con base en las investigaciones y esfuerzos contra organizaciones terroristas a nivel global en el 2023. Sobre el Hemisferio Occidental, concluye que las FARC-EP, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Sendero Luminosos, representan las mayores amenazas en la región.
El informe culpa a la corrupción, las instituciones gubernamentales débiles, la cooperación interinstitucional insuficiente, la legislación débil o inexistente y los recursos limitados, como las causas de la proliferación de estos grupos rebeldes.
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"Colombia, Perú y Venezuela siguieron sufriendo actividades terroristas. La Segunda Marquetalia , las FARC-EP y el ELN siguieron cometiendo actos de terrorismo en Colombia y Venezuela, incluidos atentados con bombas, secuestros, ataques contra la infraestructura de servicios públicos y violencia contra la población civil, miembros desmovilizados de las FARC-EP e instalaciones militares y policiales", recoge el texto.
Además, con respecto a otros grupos terroristas transnacionales, se señala que la milicia chií libanesa Hezbolá tiene presencia en Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú y Estados Unidos, y pone de ejemplo un operativo policial en Brasil que permitió el desmantelamiento de un plan de la milicia de atacar a la comunidad judía.
Sobre los grupos terroristas colombianos, asegura el informe que tienen presencia en Venezuela. El ELN tendría presencia en los estados venezolanos de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Guárico, Táchira y Zulia. Los grupos disidentes de las FARC están presentes, asegura el texto, en varios estados venezolanos, con una presencia consolidada en Amazonas, Apure, Bolívar y Zulia.
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Al final del documento, se reseña la historia y actividades de los grupos señalados. Se estima que el ELN tiene 5.000 miembros activos a corte de diciembre del año pasado, mientras que las FARC-EP tienen entre 2.700 y 3.000 combatientes.
Sobre la disidencia de las FARC, la Segunda Marquetalia, se estima que hay 1.600 combatientes activos y se resalta su responsabilidad en el asesinato de líderes sociales.
