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La Guardia Civil española liberó a 22 mujeres víctimas de trata de personas y explotación sexual en una operación que permitió desarticular una red criminal que operaba en varias localidades del país. La mayoría de las víctimas serían colombianas, según la información conocida hasta ahora.
La investigación estableció que las mujeres eran captadas en países de Latinoamérica mediante falsas ofertas de empleo. Una vez llegaban a España, presuntamente eran sometidas a mecanismos de coacción para obligarlas a ejercer la prostitución y generar ingresos para la organización.
La operación, denominada Bonifaz, se desarrolló en distintas localidades españolas y dejó 19 personas detenidas por su presunta participación en delitos relacionados con la trata de seres humanos, la explotación sexual y la agresión sexual.
Deudas de hasta 10.000 euros y amenazas a sus familias
Según la información de la Guardia Civil, los integrantes de la organización presuntamente retiraban los pasaportes de las mujeres y les imponían deudas de hasta 10.000 euros. Estas obligaciones económicas eran utilizadas para limitar su libertad y mantenerlas bajo control.
Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en viviendas gestionadas por la propia red criminal. Además de las presiones económicas, los responsables recurrían presuntamente a amenazas contra sus familiares en los países de origen para impedir que las mujeres se resistieran o intentaran escapar.
El método de captación mediante falsas ofertas laborales habría facilitado el traslado de las víctimas desde Latinoamérica hasta España, donde se encontraban en una situación de vulnerabilidad frente a los integrantes de la organización.
Siete localidades y 12 registros durante la operación
El operativo Bonifaz se llevó a cabo en siete localidades españolas: Sevilla, Gelves, Jerez, Vigo, Mijas, Peñíscola y Alzira.
Durante las actuaciones, los agentes realizaron 12 registros en los que incautaron 27.780 euros en efectivo, dos vehículos y diversos medios técnicos que quedaron a disposición de la investigación.
Las 19 personas detenidas son investigadas por su presunta implicación en los delitos identificados durante el operativo. Su responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del correspondiente procedimiento judicial.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos, precisar la participación de los detenidos y determinar si existen otras personas implicadas en la red.
